Los poderes del Estado, y más los que tienen misiones tan delicadas como la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, deben tener el cuidado de manejar con discreción las contradicciones o puntos de vista disímiles que puedan sustentar en torno a cualquier situación.

La imagen de ambos incumbentes se ve afectada cuando aparecen en los medios de comunicación sustentando posiciones encontradas cuando se supone que debieran tratar, por los canales correspondientes, cualquier asunto de interés público,  y más cuando ocupan un mismo edificio.

 Existe una imprudente tendencia en algunos funcionarios  a lanzar al aire ya sea por la prensa o por sus cuentas de twitter opiniones  que deben ser previamente meditadas para no contradecir públicamente disposiciones de superiores como fue el caso de la fiscal del Distrito Yeni Berenice Reynoso.

La funcionaria criticó la disposición del presidente Danilo Medina de integrar a miembros del Ejército Nacional al patrullaje de nuestras calles ante la incontenible ola delincuencial que afecta al país, aduciendo que en otros lugares eso no había dado resultados.

En el caso de presidente de la Suprema, doctor Mariano Germán Mejía y del procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, el primero no está de acuerdo con que se modifique el Código Procesal Penal para incrementar las penas a los delincuentes, mientras que el segundo sí.

Independientemente de quien tenga la razón en sus planteamientos, lo que sí consideramos es que ambos funcionarios deben concentrarse más en eficientizar la justicia  en base a la  aplicación y  uso más  a fondo de los instrumentos legales con que cuenta nuestro sistema judicial a todos los niveles.