Contradicciones que estancan legislaciones. Al prolongado estancamiento en el proceso de dotar a la nación de un Código Penal que fortalezca la seguridad jurídica y la lucha contra el crimen se suman ahora en el Congreso intransigentes posiciones partidarias acerca de la forma final que debe conferirse al proyecto de ley sobre Extinción de Dominio sobre bienes ilícitos.

Pesa un desacuerdo sobre los alcances que la ley concedería para afectar propiedades que se presuman derivadas de actos delictivos, algo que dicho así, drásticamente y sin matices, genera aprensiones que no deben convertirse en obstáculo para la aprobación.

Se trata de un estatuto para facilitar confiscaciones de riquezas que demostradamente resultaran de la comisión de delitos comunes o contra el Estado por corrupción, evasiones y blanqueo que los procedimientos legales ordinarios no han permitido.

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Por el contrario: los medios de persecución actual pretenden, en esencia, que los convictos por incrementar sus patrimonios con transgresiones a la ley sean, mayormente, obligados al pago de indemnizaciones y prisión sin correspondencia con los males infligidos.

Fallos de orden penal que no han pretendido tocar posesiones que justicieramente, y como consecuencia de procesos correctamente llevados, pudieran establecer que fueron logradas mediante acciones criminales. Se debe tener el cuidado de no despojar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de su especial capacidad de restañar perjuicios causados a la sociedad.