POR SOILA PANIAGUA
El subcontralor general de la República, Francisco Liranzo, afirmó ayer que esa institución ordenó la aplicación de una resolución que establece que los contratistas deben asegurar las obras que construyen, sólo con la aseguradora estatal. Sostuvo también que el Estado tiene derecho a aplicar medidas de esa naturaleza, porque es una forma de asegurar negocios para sus empresas.

Sin embargo, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR) denunció que la Secretaría de Obras Públicas estaría obligando a los contratistas de obras del Estado a suscribir las pólizas de seguro exclusivamente con la aseguradora estatal, lo que constituye una discriminación para las demás compañías que operan en el mercado.

Liranzo aclaró que esa resolución sólo abarca a las obras  públicas y que es lo mismo que sucede con las cuentas bancarias de las instituciones estatales, las cuales deben ser con el Banco de Reservas.

«Sí, verdaderamente, se envió una circular a las instituciones donde se les hacía esa salvedad, de que debían tener los seguros con la aseguradora del Estado», confirmó el funcionario.

Recientemente, el consultor jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, Héctor Fernández, dijo que la decisión de establecer en los contratos con los contratistas que suscriban las pólizas de seguros con la aseguradora estatal, obedece a una ordenanza de la Contraloría General de la República que data desde el año 1977.

En ese orden, Liranzo explicó que esa resolución siempre ha existido, pero que no se aplicaba.

Fernández indicó que la Contraloría comunicó a la Secretaría de Obras Públicas que se cumpla con el espíritu y el contenido de esa resolución.

Según la disposición oficial «las pólizas de seguros que debe suscribir el contratista, serán contratadas por éste en la compañía Seguros Banreservas… La Secretaría de Obras Públicas  no aceptara pólizas contratadas con otra entidad aseguradora….»

Sobre las quejas de las empresas aseguradoras, Liranzo dijo que eso es normal, porque esas compañías entienden que tienen derecho a participar en los negocios del Estado.

«Eso sería exactamente lo mismo que los bancos privados, que dirían que tienen el mismo derecho de administrar los recursos del Estado, pero el Estado tiene empresas a las que también debe dársele el servicio que él mismo brinda», dijo.

Agregó que esa resolución siempre ha estado en vigencia y porque no se cumplía, la Contraloría la ratificó.

Ese mandato está basado «en el cumplimiento de lo que dispone el Contralor General de la República, en la circular 17 del 18 de agosto de 1977, época en la cual Seguros Banreservas aún no existía en el mercado”.

Esa disposición, empero, podría incidir en que la aseguradora estatal se convierta en un competidor privilegiado, perjudicando al resto de las empresas que operan en el mercado asegurador.