A pesar de que la Contraloría General de la República cuenta con 213 unidades de auditoría interna establecidas en igual cantidad de oficinas públicas, no se conocen los informes emanados de los auditores y según el portal de la institución, desde 2012 no hay colgado ningún levantamiento hecho en las dependencias estatales.
La institución destaca que las unidades de auditoría interna son oficinas satélites de la Contraloría, con auditores financieros, técnicos y legales que «tienen como objetivo fiscalizar el buen uso de los fondos públicos», de acuerdo a su propia definición.
Además están llamadas a ejercer “el control interno de las erogaciones de los fondos públicos en base al cumplimiento de la normativa jurídica del Estado y dentro del marco jurídico del control interno para el sector público”.
De acuerdo al artículo 247 de la Constitución, entre las funciones de la Contraloría General de la República están la de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos; autorizar las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.
Según la página web de la Contraloría, las unidades están instaladas en varios ayuntamientos, ministerios, direcciones regionales de Agricultura, así como proyectos específicos.
Caso OMSA. Una de esas instituciones con unidad de auditoría es la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses (OMSA), donde se ha conocido de un supuesto caso de corrupción que dio origen a la muerte del abogado Yuniol Ramírez, quien investigaba la concesión de varios contratos con suplidores de esa entidad y habría asesinado por empleados y allegados al exdirector del organismo.
Por el hecho cuatro personas guardan prisión, incluyendo el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, así como el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla.
Según la Contraloría había unidades, tanto en la sede central como en la regional de Santiago de la OMSA, institución que también cuenta con un comité de ética, al igual que 206 dependencias del Estado donde se han juramentado estos organismos para velar por las buenas prácticas de los funcionarios.
En el caso de la OMSA, ha salido a relucir que empresas de Santana Zorrilla fueron beneficiadas con contratos de RD$494 millones desde 2012 a la fecha.
Además de que sus empresas muestran evidencias de varios ilícitos, de ahí que la Procuraduría sometiera a Santana a la justicia por corrupción.
A Santana se le imputa como la persona que contactó a Ramírez para que desistiera de demandar datos sobre contratos entre la OMSA y sus empresas. Para hoy a las 2:00 de la tarde se le conocerá la solicitud de medida de coerción.