Expuesto públicamente ha venido quedando el misceláneo resultado de auditorías aplicadas por la Contraloría General de la República a diferentes cotos de la administración del Estado y sus afines, la mayoría recientemente; divulgación de varias formas de fallarle a la nación con irregularidades, violaciones de procedimientos, inobservancia de protocolos y, en fin: incumplimiento de obligaciones ineludibles cuando se está a cargo de recursos públicos, incluyendo casos que deberían ser judicializados para establecer posible responsabilidad penal. El Ministerio Público debería tener la palabra.

Cuando un Gobierno acepta el reto de acogerse a compromisos con la transparencia más allá de la teoría, expone a una diversidad importante de servidores suyos al escrutinio ciudadano y a una ola de demandas de sanciones; y a la no menos trascendente consecuencia de que se cuestione la forma de seleccionar a los funcionarios que administran finanzas, expuestos a sanciones equivalentes a sus transgresiones aunque no se llegara a lo penal.

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El vacío de revelaciones de comportamientos comprometedores en rendiciones de cuenta de pasadas administraciones supone, al aparecer las sincerizaciones de la Contraloría, una ruptura con la tradición de ocultar desaciertos, equívocos, yerros y hasta indicios de distracción de fondos públicos sobre los que ha descansado regularmente la loza fría de los silencios que en carrera de relevos sepultan cuatrienio por cuatrienio actuaciones que debieron ser escrutadas. La lógica del poder criollo no ha estado en eso con ayuda de la infuncionalidad del control externo que corresponde a la Cámara de Cuentas.

En los items que delatan inconsistencias y manejos cuestionables en el Estado figuran: ejecuciones presupuestarias agudamente deficitarias con vinculación a numerosas fallas de una burocracia a veces débilmente vigilada; cientos de vehículos en paradero desconocido; pagos millonarios a funcionarios sin desempeños reales; pagos de combustibles sin justificar y compras sin constancia de consumos útiles a la sociedad.

Además: carencias de control de inventario sobre lotes de mercancías; diferencias millonarias entre asignaciones presupuestales y lo realmente ejecutado; violaciones escandalosas a normas sobre depósitos bancarios; pérdidas millonarias en almacenes del Estado por bienes no utilizados oportunamente e imposibilidades para que los auditores establezcan usos dados a más de tres mil millones de pesos en una de las tantas dependencias oficiales en gravedad de faltas. Cabe reconocer que en el Ministerio de Defensa solo se detectaron cinco fallas durante siete meses y que fueron subsanadas, según mandos de la cartera.

Causas evidentes

Desde el ojo crítico de auditores independientes el hallazgo numeroso de casos reprobables lleva a inferir como habituales en áreas de la Cosa Pública la ausencia de supervisión rigurosa, protección de activos e impericias por colocación en cargos de personas incompetentes por vínculos políticos y favoritismos. Para el observador de profesionalidad contable, fue notable que la presente administración del Estado comenzada en el 2020 no acertó en los relevos de mandos o no veló por la permanencia en puestos clave de funcionarios medios competentes y éticos.

Ha parecido que brillaba por su ausencia la implementación de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y de normativas afines que debieron presidir, desde mucho antes, la sustitución de empleados de áreas financieras y de fiscalizaciones y departamentos de recursos humanos para librar a las nóminas estatales de integrantes que cobraban sin trabajar y estuvieron en los usufructos desde el 2008 hasta recibiendo cheques en dos y tres instituciones al mismo tiempo.

En lectura de resultados de auditorías no divulgados de manera oficial y formal trascendió que nuevos jefes administrativos a partir del 2020 se plegaron con «flexibilidades» a la presión de partidarios del Gobierno entrante ansiosos de ser favorecidos por el poder y a los que se optó por colocar en buenos empleos, buenos sueldos y mucha renuencia a acogerse a las normativas vigentes en agencias oficiales para garantizar la eficiencia.

Ha asombrado la forma en que ha estado siendo burlada la Ley 41-08, que limita los nombramientos para que nadie aparezca con más de un salario en dependencias del Estado, incluyendo casos escandalosos verificados desde el 2020 en adelante de individuos que recibían sueldos por dos funciones paralelas, en una misma dependencia, sin tener el don de la ubicuidad para cumplir «tantas obligaciones».

De los 477 empleados colocados en una nómina del Ministerio de Energía y Minas, los auditores solo pudieron comprobar la presencia de 172 durante los quince días seguidos en que permanecieron allí.

Cabe reconocer que la Contraloría ha recibido explicaciones de la mayoría de los auditados «sobre errores y fallas de procedimientos» que alegaron ajenos a sus intenciones. Toca al organismo comunicar su aceptación de las excusas.

¿Prevención ahora?

Si es porque los tropezones hacen levantar los pies que la Contraloría anuncia que en lo adelante aplicará cada año, a un costo de RD$550 millones, cien auditorías focalizadas, habría que celebrar los previos y novedosos descubrimientos de que muchas cosas han andado mal en gestiones del Estado. Estarán enfocadas con técnicas especializadas sobre áreas críticas de la burocracia e incluirán un sistema de alertas automáticas con algoritmo. ¡Llegada de la Inteligencia Artificial contra persistentes mañoserías!

El órgano supervisor informó que los recursos para esta búsqueda profunda de descuadres contables por violaciones a normativas (a veces intencionales) para salvar de daños al patrimonio público proviene de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. El país subordinado a la muleta de financiamientos externos hasta para aprender a rendir cuentas.

En cinco años se espera elevar los estándares de control interno en un esfuerzo de prevención de la corrupción a nivel nacional y la Contraloría afirma que existe en marcha «un programa que busca revolucionar el órgano rector de control interno mediante la implementación de modernas tecnologías y la adopción de las mejores prácticas internacionales».

La ejecución ha comenzado, según comunicado. Su permanencia en el tiempo dependería de la voluntad política que siempre ha entrado en peligro con la llegada de cambios en los mandos del poder con nocivos reordenamientos de prioridades y pago de normes deudas contraídas con activistas que colaboraron para ganar elecciones y no están dispuestos a quedar con las manos vacías.

Vicio continental

Un estudio sobre el control de áreas públicas administrativas en América Latina suscrita por el argentino Agustín Gordillo, tratadista del derecho aplicado a la región, incluyendo la del Caribe, condena la tendencia al crecimiento mega de determinadas dependencias del Estado. Alarma que el burocratismo por estos lares genere inestabilidad por frecuentes reformas a las leyes y reglamentos.

Detectó las tendencias de los oficialismos en esta parte hemisférica a actuar con independencia de los objetivos y pautas del Estado central y del resto del sector público que deben regir para la buena marcha de la economía.

Cunde, y en República Dominicana ha sido palpable, el vicio de la descentralización que crea autonomías en predios de la Cosa Pública, verdaderas islas de poder que operan con las discrecionalidades de ejecutivos de categoría política y elitismos que nadan en abundancia de recursos para sueldos y gastos en contraste con las precariedades presupuestales en que se hace permanecer a entes de servicios sociales y esenciales. Un estudio comparado sobre la forma que en Europa y América Latina se aplican controles sobre gestiones administrativas de los sectores públicos llegó a la conclusión de que lo más importante no son los cambios técnicos e institucionales sino los culturales: «Las élites políticas (que son las llamadas a poner ejemplo) deben priorizar y estimular la reflexión y el debate sobre lo que constituye el interés general y cuáles son las políticas públicas que mejor sirven al interés social. Un debate difícil y conflictivo en el que raramente habrá consenso y donde las reglas del juego democrático deberán determinar cuáles opciones deben gobernar a la comunidad en cada momento.

Falta profundidad

«Recomendaciones de prácticas globales de buen Gobierno» formuladas por una gran institución multilateral que no autoriza a divulgar su nombre pone el dedo en la llaga al recomendar «buenas prácticas internacionales en materia de contabilidad gubernamental para el control de activos que aumentarían los niveles de aceptación de credibilidad de los Gobiernos y de las que dependería el incremento en la calidad de los servicios públicos».

Malas prácticas administrativas en cualquier rincón caribeño podrían estar conduciendo a barriles sin fondo aquello que debería servir para superar el subdesarrollo.