Contrasentido

Contrasentido

Uno de los graves problemas sociales que tiene este país y que constituye un pecado de exclusión imperdonable, es el alto número de hombres, mujeres y niños sin documentos de identificación.

El número, que crece por razones obvias, porque un indocumentado no puede declarar a su prole y ésta, llegado un tiempo, se multiplica también indocumentada, resulta demasiado alto en relación con nuestra población.

Tenemos un país en el cual mucha gente solamente cuenta para fines de censo, gente que «está» pero no «es» y que en términos legales carecen de un estatus jurídico como ciudadanos amparados por todas las prerrogativas que esa condición implica.

El resultado es lamentable, pues da lugar a discriminaciones y privaciones de derechos, como es el caso de la educación de los niños.

II

Con semejante panorama social, que amerita ser enfrentado con seriedad hasta solucionarlo, ¿cómo pudo ocurrírsele a la Junta Central Electoral (JCE) disponer los exagerados aumentos que ha aplicado a servicios que, precisamente, son básicos para el debido registro de los ciudadanos?

Estamos hablando de aumentos que alcanzan hasta un 600%, que sumados a las dificultades que impone la tramitación a través de la burocracia de las Oficialías del Estado Civil harán más dificultosa para los ciudadanos la obtención de sus documentos.

En vez de marchar hacia soluciones prácticas y duraderas de este problema social, de esta situación de grave exclusión social, la JCE ha cometido un acto de retroceso que no puede ser justificado argumentando, como se ha argumentado, necesidades financieras de ese tribunal, sobre todo porque, hasta demostración en contrario, los recortes hechos al presupuesto sometido por la Junta no representan riesgos para la organización de las elecciones congresionales y municipales del 16 de mayo de este año.

III

Lo que procede es remover las trabas que dificultan la documentación de muchos ciudadanos, en vez de añadir otras como el aumento autorizado por la Junta.

Lo que ha debido hacerse desde hace mucho tiempo,  es crear las condiciones que faciliten toda tramitación encaminada a proveer de documentos de registro ciudadano e identificación personal a decenas de miles de excluídos que «están» como habitantes de este país, pero que no «son» ciudadanos con todas las de la ley.

Si antes de los aumentos era irracionalmente difícil que una persona indocumentada lograra regularizar su estatus, después de estas alzas habrá más razones para que empeore el problema de la exclusión social por indocumentación.

Sería juicioso que la JCE revoque estos aumentos en sus servicios y que procure otras fuentes que le permitan obtener los recursos que necesita para compensar el recorte del puesto que había diseñado para el presente año. Sería un contrasentido mantener esas alzas.

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