PEDRO GIL ITURBIDES
El ingeniero José Jorge Goico Germosén me llamó para preguntarme si conocía de algún gobierno que predicase que apoya a la educación y actuase contra ella. De forma maquinal, pues no fue respuesta reflexiva, contesté tajante:

-¡Este!

Y a continuación indagué las razones de su cuestionamiento. Goico, pues por su apellido paterno le llamamos los amigos, me explicó que la propuesta de reforma fiscal contempla anular las exenciones impositivas a la educación superior. “No es cierto”, lo interrumpí. Pero Goico es vehemente, e insistió en sus razones. El principal de los argumentos para sustentar su afirmación aparenta ser irrebatible.

-¡Búscate el proyecto de reforma y no discutas! Y, al teléfono leyó algunos párrafos. Comprenderán sin que les cuente de ello, que metí la lengua entre… los cordones de los zapatos. Porque ¡vaya usted a saber si andamos cuerdos! ¡Nos gastamos una administración que se pregona a sí misma abanderada de la educación, y a lo callandito elimina un beneficio otorgado, tiempos ha, en favor del sistema de educación superior!

Hace años pregoné que era larga la distancia que va de la palabra a los hechos de determinados políticos. Vuelve a confirmarse mi vieja teoría. Porque sin duda alguna que entre el discurso y la realidad existe la misma distancia que va de aquí a Pedernales. Y cuanto es peor, la recorremos con un desenfado digno de santas causas.

Lo mejor de todo es que la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es una obra común, prohijada por los que propalan los discursos. Porque es fruto de largas jornadas de representantes del subsistema de altos estudios. Pero quienes hicieron posible que el cuadro se montase para que el proyecto cobrase forma, fueron los del discurso. Muchas fueron las reuniones en las que, letra por letra, capítulo por capítulo, fue discutido el texto.

Lo de las exenciones tributarias se concibió como vía alterna a la secular precariedad pública para establecer un sistema de educación que descanse en los hombros del Estado. Tan lejos llegó el legislador que se permitió exonerar los medios e instrumentos destinados a propiciar los estudios superiores, ¡hasta de los arbitrios! Como sabemos, el término cobija, en la lexicología impositiva, a los tributos locales. ¡Tanto era el entusiasmo de entonces!

Pero los viejos entusiasmos encanecieron y se tulleron. Ahora se impone sustituir esas facilidades por una manguera que chupe hacia el tesoro nacional. Aunque el discurso sirva como vitrina para incautos, retardados y lerdos. Por eso Goico, quien es director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios nos llamó para alertarnos. ¡¿Cómo es posible?! ¡Pues sí que es posible! Porque vivimos en la República Dominicana, en donde cada quien actúa como le da su bendita gana.

La entidad de la que es ejecutivo depositó un reclamo en una vista pública en el Senado de la República. La Asociación Dominicana de Universidades se propone lo mismo, pues de aprobarse la eliminación de esta exención se anularía un beneficio que, bien administrado, es un soporte al subsistema.

La interrogante de Goico, comprenderán, le queda chiquita a las mías. Porque la primera de las mías apunta hacia el contrasentido. Si bien es cierto que la ley fue promulgada en agosto del año posterior a la salida del Dr. Leonel Fernández del poder, en el 2000, no es menos cierto que bajo su sombra germinó y echó raíces. Las otras interrogantes van más lejos.

¿Se han dado cuenta los redactores del proyecto de reforma que ponen en entredicho las políticas públicas de fomento de la calidad en el sistema educativo en todos sus niveles, y en particular en la educación superior? ¿Han comprendido en el papel que colocan a su propio máximo dirigente en momentos en que éste apunta a una repostulación? Quizá no. Tal vez no se han dado cuenta de lo uno ni han entendido lo otro, y esto plantea un dilema que no es fácil de resolver.

Si es que desean restringir el alcance del mecanismo creado, conviene que se aborde este punto específico. Pero resulta un contrasentido el pretender la anulación de un beneficio en momentos en que se habla de dar vigor al sistema educativo.