Las autoridades carecen de recursos suficientes para solucionar el grave problema de salubridad que representan once grandes cañadas ubicadas en la provincia Santo Domingo y en las que viven miles de familias en las peores condiciones imaginables.

La situación impone un severo contraste social, pues estamos hablando de que este problema tiene vigencia en un país que, sin duda y afortunadamente, ha experimentado notables avances en ámbitos como las comunicaciones, la tecnología cibernética y la arquitectura, por ejemplo.

No se comprende que en el último medio siglo se hayan hecho tantas trasnformaciones urbanísticas y que todo ese avance no haya contemplado en ninguna de sus vertientes el problema de las cañadas. Los cambios en sentido de progreso, por las tansformaciones señaladas, contrastan con el agravamiento aumulado por la situación de las cañadas.

Se comprende que a estas alturas las autoridades carezcan de los recursos suficientes para resolver estos problemas, que se han ido acumulando y agravando año tras año sin atención alguna.

Los problemas en estos ámbitos son tan graves, que los programas de saneamiento de las cañadas, que consisten en retirar la basura, tienen un efecto similar al que produce un analgésico común en un canceroso.

No es culpa del actual Gobierno, ni del anterior, ni del que antecedió a este último, sino una responsabilidad que deberá ser prorrateada entre todos los que han ejercido el poder en los últimos 50 años, por elección o de facto.

–II–

Alguien, y cuanto antes mejor, deberá asumir el compromiso de ver el problema de las cañadas más allá de la necesidad de una limpieza o saneamiento y, en cambio procurar los medios para que las mismas dejen de ser depósito de basura y aguas residuales.

Como podrá advertir cualquiera, estas partes del ecosistema deben ser preservadas de contaminación y ello supone que la gente que habita en su entorno debería contar con medios para la disposición final de desperdicios que no sean precisamente los lechos de esas corrientes de agua.

Durante muchos años se ha permitido que el hacinamiento se apoderara de las cañadas, que se superpoblara su entorno sin ningún rigor sanitario y sin que las autoridades se ocuparan por lo menos de educar a las familias de las cañadas para que las preservaran de contaminación.

Hoy por hoy, estas vías de agua son focos de enfermedades para miles de familias que las habitan en las peores condiciones, sobre todo porque se les ha permitido crecer y multiplicarse sin reglas.

Es tiempo de que, en vez de operativos esporádicos de saneamiento, a las cañadas se les someta a un verdadero mantenimiento continuado, y que incluya la formación de juntas comunitarias con responsabilidades específicas para la preservación de estos ecosistemas que son el hábitat de tanta gente.

Hay que descontinuar estos contrastes tan pronunciados entre nuestros vuelos de modernidad y las condiciones de atraso de las cañadas.

Desde luego, hacemos estas observaciones tomando en cuenta que las dificultades de los moradores de los alrededores de la cañada de Guajimía serán resueltos a corto y mediano plazos con la aplicación de un programa preparado por la administración del presidente Hipólito Mejía, financiado por el Gobierno de Canadá. El principio de continuidad del Estado nos imaginamos que está vigente en este caso específico.