La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) realizó varias observaciones y recomendaciones al proceso de licitación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, y por el cual varias personas han sido acusadas de corrupción.

Según un resumen cronológico que dio a conocer, la DGCP sugirió el 14 de marzo del 2023 correctivos sobre las condiciones de pago, el formulario de presentación de ofertas y el sistema de puntaje.

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El 28 de marzo 2023 el Intrant emitió una enmienda al pliego de condiciones, con la cual se modifican aspectos de las condiciones de pago, cronograma, alcance del proyecto, requisitos financieros y criterios de evaluación técnica y económica. El 4 de mayo de 2023 la DGCP recibió el recurso de la empresa ESC Group, mediante el cual pretendía la revocación del pliego de condiciones y la cancelación de la licitación, alegando tenía criterios que restringían la libre competencia. El 18 de mayo el Intrant adjudicó el contrato por RD$1,300 millones a la empresa Transcore Latam.

En junio la DGCP recibió sendas denuncias de Sistemas Integrados de Control y Transcore LP, alegando que no tiene ningún tipo de vínculo societario con Transcore Latam.

El órgano rector le notificó al Intrant las denuncias y orientó sobre el proceso para solicitar la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de la empresa adjudicada. Igual pidió la empresa escrito de defensa.

En octubre “al no recibir respuesta en uno u otro sentido” la DGCP avisó al Intrant que se agotaría la fase de investigación y se tomarían las acciones correspondientes y el día 27 da conocer la suspensión preliminar del proceso.

Finalmente Intrant y la empresa ofertaron sus defensas no obstante la DGCP culmina su investigación y anula la licitación por completo y anula el RPE a Transcore por presentación de documentos falsos o alterados y presenta sus hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) que sometió a la justicia a siete personas, entre ellos el exdirector del Intrant, Hugo Beras y el representante de Transcore Latam, Jochi Gómez, quienes guardan prisión preventiva.