Por Stephany Rosario
Las contrataciones públicas en República Dominicana representan un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado y el estímulo al desarrollo económico del país. A través de estos procesos, el gobierno adquiere los bienes y servicios necesarios para cumplir con sus funciones y proporcionar servicios públicos esenciales. En este artículo, llevaremos a cabo una introducción al análisis de las contrataciones públicas en República Dominicana, subrayando su trascendencia, su marco legal y sus características principales.
Las contrataciones públicas no solo son vitales para satisfacer las necesidades gubernamentales y proveer a toda la nación, sino que también desempeñan un papel crucial en la promoción de la transparencia, la competencia y la eficiencia en el gasto público, de un 28% a un 31% del presupuesto general de la nación va destinado a las compras y contrataciones públicas. Estos procesos tienen como objetivo garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera efectiva y que los ciudadanos reciban servicios de calidad.
En un país como República Dominicana, donde el crecimiento económico y la inversión en infraestructura son prioritarios, las contrataciones públicas desempeñan un papel aún más relevante al estimular la inversión privada y la generación de empleo.
El marco legal que regula las contrataciones públicas en República Dominicana se basa principalmente en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. En esta se establecen los principios y procedimientos fundamentales para la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones gubernamentales. Ley que tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), al cual República Dominicana se incorporó en julio de 2004.
¿Por qué se le atribuye la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al DR-CAFTA? La razón de la atribución radica en que antes de la entrada en vigencia de este tratado, la República Dominicana carecía de una iniciativa regulatoria sólida en lo que respecta a las adquisiciones del Estado. Al suscribir el CAFTA-DR, el país tuvo que adoptar por completo el tratado, que incluía un capítulo específico para las contrataciones públicas. A pesar de que el tratado, en su capítulo nueve, establecía las reglas y principios, era esencial plasmar estos acuerdos en el marco legislativo nacional, ya que previamente no existía un sustento jurídico sólido en República Dominicana en esta materia.
Actualmente, además de la Ley No. 340-06, existen regulaciones complementarias y normativas específicas para ciertos sectores, lo que garantiza un marco jurídico especializado, aunque con suficientes oportunidades de mejora. Este marco legal tiene como objetivo principal promover la transparencia, la competencia y la igualdad de oportunidades para los proveedores interesados en participar en los procesos de contratación pública.
Las contrataciones públicas en República Dominicana presentan algunas características distintivas que es importante conocer:
Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones: República Dominicana ha implementado una plataforma electrónica para la gestión de procesos de contratación pública, conocida como El Portal Transaccional. Esta plataforma mejora la transparencia y eficiencia al permitir que los proveedores presenten sus ofertas en línea y accedan a información sobre procesos de licitación.
Proceso de Planificación: Antes de iniciar un proceso de contratación, las entidades gubernamentales deben llevar a cabo una etapa de planificación en la que se definen las necesidades y requisitos para la adquisición de bienes y servicios. Esta fase contribuye a evitar compras innecesarias y a garantizar una mejor utilización de los recursos públicos.
Participación de Proveedores Nacionales e Internacionales: Las contrataciones públicas en República Dominicana están abiertas a proveedores nacionales e internacionales, lo que fomenta la competencia y la obtención de productos y servicios de alta calidad.
Supervisión y Fiscalización: Existen mecanismos de supervisión y fiscalización para garantizar el cumplimiento de los contratos y prevenir posibles irregularidades en los procesos de contratación.
Las contrataciones públicas en República Dominicana son un componente esencial de la gestión gubernamental y el desarrollo económico del país. Aunque existen oportunidades de mejora en el marco legal regulatorio, el actual está orientado hacia la promoción de la transparencia y la competencia, con el objetivo de lograr la eficiencia en el gasto público y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
En futuros artículos, profundizaremos en aspectos específicos de las contrataciones públicas en República Dominicana, abordando temas como los procedimientos de selección de proveedores, la evaluación de ofertas y los desafíos actuales que enfrenta este importante campo.