Juan Carlos Mejía Aquino 
Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) defendió hoy el proceso abierto de licitación sin adjudicar que tiene colgado en su portal digital institucional, para la adquisición de dos vehículos tipo SUV por un monto estimado de 6 millones 400 mil pesos.
La institución, que dirige Carlos Pimentel, dejó saber su posición sobre el tema en respuesta a críticas hechas a través de las redes sociales, en el sentido de la autorización de la compra de los vehículos pese al decreto emitido por el presidente Luis Abinader, en el que dispone un plan de austeridad para el sector público.
En ese sentido, la DGCP señala que cuenta con la apropiación presupuestaria y la autorización emitida por el Ministro Administrativo de la Presidencia, fechada el pasado 14 de junio, «es decir, previo a la emisión del Decreto 396-21,que prohíbe la compra de vehículos de motor durante el año 2021«.
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Como forma de justificar este último mensaje, la institución difundió una imagen de la misiva firmada por el ministro José Ignacio Paliza, Administrativo de la Presidencia, en la que autoriza la compra de los vehículos siempre que cuente con el presupuesto y no viole la ley.
Agregó que el pliego de condiciones publicada en la licitación no hace referencia a marcas, tal y como especifica la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. «Se trata de un vehículo todo terreno por razones de seguridad que garanticen el desplazamiento en todo el territorio nacional para el ejercicio de nuestras funciones y competencias«, resaltó en uno de sus mansajes.
Señaló que el proceso, acorde al cronograma de licitación pública, tiene previsto apertura de propuesta técnica el 6 de agosto; «apertura y lectura de oferta económica el 30 de agosto; adjudicación el 3 de septiembre y suscripción de contrato con proveedor seleccionado, el 17 de septiembre».
Mediante el decreto 396-21, el Gobierno dispuso ayer la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos; así como el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos.
La medida, orientada hacia un plan de austeridad del gasto público debido al impacto del COVID-19, señala también que en el caso del los flanqueadores, establece las excepciones en el caso del Presidente y Vicepresidenta de la República, Ministros de Defensa e Interior y Policía.
Además, del director general de la Policía Nacional, proocuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
