Luego que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) diera su informe sobre los resultados de la investigación en torno a los contratos de servicios prestados por un valor de más de 55 millones de pesos para 54 artistas, recomendó al Gabinete de Políticas Sociales, a cargo de Francisco (Tony) Peña Guaba, identificar y sancionar a los  a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

De acuerdo a una nota enviada a la prensa, “los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, número 340-06 y sus modificaciones, que establece: «Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento«.

Entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme al debido proceso y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la referida Ley, la DGCP cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia.

Entre las irregularidades evidenciadas, el órgano rector señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el portal transaccional, y por ende no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado, en violación al artículo 138 de la Constitución dominicana, numeral 3 del artículo 3, que define el principio de transparencia y publicidad y párrafo del artículo 10, ambos de la Ley 340-06 y sus modificaciones.

Según la investigación oficial de la DGCP, en la resolución RIC-74-2021, esa entidad recomendó al Coordinador del Gabinete de Coordinación de la Política Social, instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que en los próximos seis meses participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley. 340-06 para su correcta aplicación; así como también promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Se recuerda que, luego de varios meses de reclamo al Gobierno por parte de la industria musical para que fuera en su auxilio por la crisis económica provocada por el coronavirus en el año 2020, el Gabinete Coordinador de Políticas Sociales (GCPS) contrató a 54 artistas «con más de tres años de experiencia» por más de 55 millones de pesos como una forma de apoyo económico, contratación que provocó un revuelo para opinión pública que llevó a que GCPS cancelara el acuerdo.