POR GERMAN MARTE Y DIEGO PESQUEIRA
El contratista Guillermo Bonelly Knniping denunció ayer que el gobierno le habría pagado RD$176 millones a la señora Margarita Gómez para amueblar y decorar el edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General, a pesar de que ya le había adjudicado -mediante concurso público- un contrato por RD$60 millones y de lo cual le llegaron a pagar RD$40 millones.

Mientras, por otro lado, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que sin importar partidos políticos, si alguien se equivocó en la construcción y equipamiento de ese edificio, tendrá que asumir su responsabilidad.

Knniping alegó que su empresa, Importadores y Representates Bohenco Santo Domingo, ganó un concurso en octubre de 1999 para amueblar y equipar los siete pisos del edificio de la SCJ, y que el costo de los trabajos ascendía a US$3.2 millones, el equivalente a RD$60 millones al día de hoy.

El proyecto se paralizó porque el gobierno de Hipólito Mejía no mostró ningún interés en terminarlo, afirmó Bonelly Knniping a través del programa «El gobierno de la mañana», que se difunde por la emisora Z-1001.

Sostuvo que los trabajos fueron paralizados y aunque le dirigió varias comunicaciones al entonces secretario de Obras Pública advirtiéndole de los costos adicionales que representaba esperar cuatro años y medio para entregar los muebles, nunca le contestaron.

En la gestión actual, explicó, se reactivó el proyecto y el nuevo secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, le llamó para continuar los trabajos y se comprometió a terminar para el siete de enero de este año.

Indicó que en la reunión con el secretario de Obras Públicas participaron todos los subcontratistas, y que en esa ocasión no estaba presente la Margarita Gómez, a quien luego se le adjudicó la obra. «Ella apareció después», afirmó.

«Después del reinicio de la obra apareció este nuevo suplidor que todos ustedes conocen, que se llama Margarita Gómez, e hizo absolutamente todo lo que le dio la gana, hasta el extremo que se nos ordenó que retiraramos las instalaciones que estabamos haciendo para ella poner los muebles de ella», expresó el contratista.

Manifestó que los nuevos encargados de decorar y amueblar el edificio ni siquiera se asesoraron con los arquitectos que ganaron la obra de diseño, y modificaron y tergiversaron la obra de interiores de una manera tal que han hecho un trabajo que no es el adecuado para la Suprema Corte de Justicia, ni para la Procuraduría.

De acuerdo con Bonelly Knniping, cuando la nueva contratista entra en el escenario, ya a él le habían pagado RD$40 millones en el año 1999 y en el transcurso del 2000 durante el gobierno de Fernández, pero no llegó a instalar los muebles porque se le conminó a que los sacara del edificio.

Explicó que el 16 de diciembre de 1999 se le pagó el cheque número 34877, por RD$15 millones, para el inicio formal del contrato 312-99. Además, le pagaron RD$10 millones el 13 de enero del 2000, RD$10 millones el 15 de febrero y RD$5 millones el 21 de marzo del mismo año, para un total de RD$40 millones.

Afirmó que los nuevos contratistas violaron los conceptos de diseño y llevaron muebles que no armonizan con la obra.

«Ahí se importaron imitaciones de antiguedades hechas en China. Yo no conozco los precios, pero creo que los montos totales son injustificados», expresó Knniping, tras lo cual afirmó que a la persona que trajo esas imitaciones de antigüedades se le pagó una suma significativa.

El escándalo suscitado en torno al costo de los trabajos de decoración y equipamiento del edificio de la SCJ motivó que el presidente Fernández decidiera encabezar las investigaciones en torno al caso.

DOMINGUEZ BRITO

Sin importar partidos políticos, si alguien se equivocó en la construcción y equipamiento del local que aloja a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia, tendrá que asumir su responsabilidad, advirtió ayer el procurador Francisco Domínguez Brito.

Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, informó que acogió la solicitud que le hiciera el doctor Máximo Castillo, presidente de la Cámara de Cuentas, para realizar una auditoría sobre la inversión efectuada por Obras Públicas en la terminación, mobiliario, paisajes y decoración del nuevo edificio.

Subero Isa dijo, además, que designó al licenciado Rafael Alba López, director de asuntos administrativos de la Suprema para suministrar apoyo a la Cámara de Cuentas.

CAMARA DE CUENTAS

Subero Isa pidió a la Cámara de Cuentas comunicar cualquier «obstáculo, inconveniente o desidia» de parte del personal de la Suprema.

En tanto que Domínguez Brito, sostuvo que en caso de que las auditorías revelen irregularidades necesariamente habrían sanciones.

Empero, no específico si esa dependencia haría una investigación paralela a las auditorías que realizan la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

El presidente de la Cámara de Cuentas, doctor Máximo Castillo, declaró que el país se estremecería cuando conozca los resultados de la auditoría sobre la terminación del edificio que alberga a la Suprema y la Procuraduría General de la República.

Al referirse al caso, Domínguez Brito estimó que en este y todo los casos lo que debe prevalecer es la verdad, tras precisar que antes de emitir algún juicio de valor debe conocer los resultados de las auditorías que realizan la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

No obstante, Domínguez Brito, dijo que se invirtió mucho recursos en una edificación que era un «desastre», donde el presidente Leonel Fernández hizo un gran esfuerzo para tratar de dignificar la labor de la justicia.