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Un ingeniero contratista que realizó trabajos de terminación de la UASD de Mao en el 2011 advirtió al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) que procederá a demandarlo por daños y perjuicios si antes de terminar su gestión no procede a liquidan la deuda que tiene esa institución con su empresa. El ingeniero Miguel Liberato asegura que el actual director de la OISOE ha incurrido en abuso de autoridad. Hoy/Fuente Externa 06/08/20
El ingeniero contratista Miguel Liberato que en 2011 terminó la construcción de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Mao, advirtió al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, que procederá a demandarlo por daños y perjuicios si antes de terminar su gestión no le liquidan la deuda.
Asegura que el funcionario ha incurrido en abuso de autoridad, prevaricación administrativa, silencio administrativo negativo y coalición de funcionarios debido a que luego de depurar y transparentar una deuda superior a los 35 millones de pesos no ha procedido a su pago.
Conforme a declaraciones remitidas a la prensa, el constructor refiere que en el 2015, tras el nombramiento de Pagan al frente de la Oisoe, le remitió una comunicación en la que le solicitaba programar los desembolsos hasta liquidar la deuda.
Sin embargo, Liberato asegura que durante tres años el funcionario mantuvo un silencio administrativo negativo, ante lo cual recurrió a la mediación de la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, luego de lo cual fue ordenada una auditoría para verificar el asunto pendiente.
“La deuda fue depurada y transparentada y en diciembre del 2018, Pagán me llamó a su despacho y en presencia del director técnico, Víctor Encarnación, me dijo que había ordenado un pago de diez millones, pero el mismo todavía no se ejecuta”, agrega el contratista.
El reclamante sostiene que la actitud de Pagán de no atender a los reclamos de pago es un caso claro de prevaricación administrativa, ya que la misma no es producto de la Constitución o del ordenamiento jurídico, sino de la pura y simple voluntad del funcionario público, que irrazonablemente aplica la norma de forma arbitraria.
Expresa que ha perdido casi todo el patrimonio adquirido durante 36 años de trabajo.
Fue enfático en señalar que hace poco tuvo que cerrar su oficina, además de que enfrenta demandas de acreedores.
Miguel Liberato insistió en que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. “No voy a descansar hasta lograr una sentencia condenatoria”, acotó el contratista.
