Contratistas  piden revisar contratos hechos en transición; dicen funcionarios salientes violaron ley de compras y contrataciones

La Asociación Dominicana de Contratistas de Obras Estatales (ADOCOE)  hizo un llamado al presidente de la República para que ordene a los nuevos funcionarios del área de la construcción revisar todos los contratos de obras que fueron realizados durante el período de transición a fin de verificar si esas contrataciones se hicieron conforme a lo establecido por la ley.

El ingeniero Miguel Liberato, presidente de la ADOCOE, dijo que durante el pasado gobierno se registraron constantes violaciones a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas y que se debe poner fin a las prácticas malsanas que se producen en esa actividad.

“Hemos recibido varias denuncias en el sentido de que algunos funcionarios del pasado gobierno contrataron obras que no figuran en los planes y programas anuales de contrataciones correspondientes al año en curso”, reveló el directivo de los contratistas.

Sobre el particular,  Liberato sugirió  que se consulten los archivos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a fin de esclarecer cuáles fueron los planes y programas de contrataciones que presentaron para el presente año las instituciones comprendidas en el ámbito de la ley.

“La ley de compras y contrataciones públicas establece que los planes y programas anuales deberán elaborarse en base a las políticas que dicte el Ministerio de Hacienda y tienen que ser consistentes con las apropiaciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio”, detalló el presidente de la ADOCOE.

Citó que “en el párrafo dos del artículo 38 de la Ley 340-06 se indica que los planes y programas anuales de contratación de bienes, servicios y obras deberán ser consolidados por el órgano rector, que tendrá la responsabilidad de su difusión pública, así como de efectuar la evaluación de su cumplimiento”.

“Si los pasados funcionarios contrataron obras que no fueron incluidas en los planes y programas de contrataciones para el año en curso, el actual gobierno debe anular esos contratos y pedir  que se apliquen las sanciones establecidas por la ley a quienes violentaron las normas”, planteó finalmente Liberato.