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POR LEONORA RAMÍREZ S.
Por segunda vez en este gobierno la empresa Sun Land es motivo de escándalo por su participación en contratos de préstamos cuya pertinencia o legitimidad se cuestiona, pero sus vínculos con el Estado incluyen convenios que se firmaron en la pasada administración para la compra de helicópteros, construcción de viviendas y proyectos de riego en la provincia de Azua.
El 24 de noviembre de 2000, el Sun Trust Bank, que forma parte del Sun Land Group, sirvió de intermediario entre el gobierno del expresidente Hipólito Mejía y el Exim Bank, de los Estados Unidos, para la compra de seis helicópteros, 250 vehículos y el entrenamiento del personal militar que utilizaría las aeronaves.
Inicialmente ese contrato tenía un valor de US$10.2 millones, pero una enmienda aprobada por el Congreso en julio de 2001 elevó el costo a US$76.4 millones. El 12 de junio de 2002 las partes firmaron nuevamente el contrato.
Esa operación fue cuestionada porque se hizo sin licitación pública y el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez, atribuyó ese mecanismo a razones de seguridad.
Con el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) la Sun Land también hizo negociaciones, dirigidas por el Secretariado Técnico de la Presidencia, durante la gestión de Rafael Calderón.
Se trató de un préstamo de US$115 millones para la construcción de casas cuyos beneficiarios serían los maestros del sector público. El convenio se firmó el 24 de julio de 2001, pero el 10 de marzo de 2003 se traspasó al Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI).
Asimismo, el 19 de febrero de 2002 se rubricó el contrato entre Silvio Carrasco, exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Sun Trust Bank como intermediario del Exim Bank, para la construcción del proyecto de riego Azua II con el cual se mejorarían el drenaje y la salinidad de los suelos irrigados por el canal Ysura.
El gobierno del Presidente Leonel Fernández le dio continuidad a ese convenio por considerarlo de interés para la provincia sureña.
EL PRESTAMO PARA BARRIO SEGURO
En julio de 2006, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el contrato de préstamo por US$132.4 millones, para la compra de vehículos y equipos que utilizaría la Policía Nacional en la aplicación de su programa Barrio Seguro.
La transacción fue firmada por Franklin Almeyda Rancier, secretario de Interior y Policía; Vicente Bengoa, secretario de Hacienda, y Daniel Mejía, en representación de la Sun Land.
Pero esa transacción generó un fuerte rechazo entre grupos políticos y sociales que entendían que el empréstito era oneroso, con relación a los bienes que se adquirirían.
De acuerdo con el contrato, se comprarían, entre otros equipos, 610 camionetas doble cabina y 190 jeep 4×4, así como equipos satelitales.
Las críticas fueron tan duras que el 22 de julio de 2006, cuatro días después de su aprobación en el Congreso Nacional, el secretario de Hacienda anunció que el Poder Ejecutivo desistió de la ejecución del convenio porque no se envió, previamente, a licitación pública.
El 25 de agosto de ese año, The Sun Land Group informó que no llevaría a una corte internacional el referido préstamo, ante la decisión del gobierno de no aplicarlo.
EL ESCÁNDALO DEL MOMENTO
Un año después de ese escarceo, Sun Land reaparece con matices de lucha política, pues es la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) la que denuncia la emisión de US$130 millones en 19 pagarés garantizados por el gobierno y firmados por Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en favor de dicha empresa.
Aunque Virgilio Bello Rosa, dirigente del PRD, refirió en su condición de consultor de la Sun Land que esa transacción no comprometía al Estado dominicano, su partido mantiene la posición de que la misma sí es irregular.
Francisco Javier García, director de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que la empresa ha firmado préstamos con contratistas del Estado que construyen diversas infraestructuras, entre ellas el comedor, las torres administrativas y el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De acuerdo con la aclaración del PLD, el gobierno saldaría el costo de esas obras cuando sean concluidas, y los recursos correspondientes se incluirían en el presupuesto de gastos públicos de 2008.
Durante una rueda de prensa el pasado lunes, los dirigentes de ese partido también anunciaron que hoy demostrarán que Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD, hizo operaciones similares a las de Bautista cuando estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas en el período 2000-2004.
