Entre las situaciones que directamente impiden resolver el problema de los apagones está la iniquidad de los contratos suscritos con las empresas generadoras Cogentrix y Smith & Enron. Se trata de compromisos que hacen honor a la desigualdad al incluir cláusulas para preservar utilidades a los proveedores aunque sus plantas estén apagadas y el país se esté hundiendo en las tinieblas.

Otras obligaciones contractuales con los demás generadores y las ataduras de pago por concepto de la readquisición de las acciones que tenía Unión Fenosa en Edesur y Edenorte, son también perjudiciales a la nación pues causan graves distorsiones al mercado eléctrico.

Las pérdidas técnicas en líneas y las causadas por consumidores que recurren al fraude o a la conexión ilegal constituyen el otro lastre abominable que coloca a la economía dominicana bajo el látigo de costos muy altos por suministro de energía, el que además es muy deficiente.

Mientras no se libere al sistema de las anormalidades contractuales que se traducen en facturaciones desproporcionadas no habría forma de regular los cobros y combatir el robo de la electricidad, pues la enajenación que debería suprimirse primero es la que se manifiesta al extraer dinero del sistema eléctrico sin haber generado energía o calculándola gravosamente.

¿Cuál sería la diferencia entre el desafuero de sustraer la electricidad y el desafuero de cobrarla como generada sin haberla generado?

La opinión pública debe apoyar de manera resuelta a las autoridades del sector eléctrico en todo lo que, con sentido de justicia y plena legitimidad, hagan para poner orden en el mercado eléctrico.

Concertación y desconcierto

Está muy bien que el gobierno auspicie conversaciones para forjar una política de abaratamiento de los medicamentos. El país debe celebrar que esté comenzando a funcionar una «Comisión Presidencial de Política Farmacéutica».

El acceso a fármacos es dolorosamente angosto para la mayoría de los dominicanos que no son ricos o millonarios. Así andan las cosas.

De los obstáculos e injusticias reinantes tiene que ocuparse el gobierno porque el Estado vive fallándole a los más necesitados.

Sería una bendición que las autoridades pudieran anotarse algún éxito logrando reformar los canales de comercialización y suprimiendo aranceles y trabas para que las medicinas lleguen al enfermo a precio justo.

Pero el gobierno no debe pretender que porque interpone buenos oficios en el campo farmacéutico, el país se olvide de que la salud pública es un ámbito de alto interés social que no puede funcionar bien sin hospitales abastecidos y médicos satisfactoriamente integrados a sus labores.

Mucho se critica a los profesionales de la medicina por insistir en continuas huelgas, pero ellos se acogieron recientemente a una tregua bajo compromiso solemne del sector oficial de hallar una salida para sus reclamos.

Si por desidia y desconcertante silencio en el lado gubernamental, resurgen los comportamientos radicales del Colegio de Médicos, las autoridades podrían ser consideradas como responsables, en gran medida, de la vuelta a la discordia infructuosa.

Los médicos fueron entusiasmados con señales de concertación y no hay razón ahora para echar para atrás.