LA PAZ (AFP).- Una negociación plagada de puntos oscuros de los contratos con 10 multinacionales petroleras, a cargo de un funcionario de la más íntima confianza de Evo Morales, ponía ayer, miércoles, contra las cuerdas al presidente izquierdista, duramente cuestionado por la oposición conservadora.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, compareció durante más de 12 horas entre martes y miércoles ante una comisión multipartidaria del Senado, controlado por la oposición, ante la cual admitió que Manuel Morales Olivera, entonces asesor y actualmente titular de la empresa estatal de petróleos (YPFB), resolvió unilateral e inconsultamente varios de los contratos.

En su sola calidad de asesor, Morales Olivera había arreglado, a espaldas del ministro más influyente de la administración de Evo Morales, un anexo que otorgaba compensaciones a las compañías Petrobras (Brasil), Total (Francia) y Repsol (España), admitió Villegas ante la comisión multipartidaria.

También consideró fuera de competencia, por el cargo que entonces desempeñaba Morales Olivera, las atribuciones que entonces se reservó.

Por la premura que marcaba el vencimiento del plazo de 180 días señalado por el decreto de nacionalización de hidrocarburos, expedido por Morales el 1 de mayo de 2006, “me imagino que Manuel no tuvo tiempo para informar, para preguntar” y “adoptó compromisos verbales sin previa consulta con mi persona o el presidente de YPFB”, trató Villegas de justificar en declaraciones a medios locales.

El Ministro de Hidrocarburos insistió en que las compensaciones negociadas por Morales Olivera fueron descartadas y que las “condiciones duras”, inicialmente pactadas con las petroleras, son las que rigen y fueron aprobadas por el Congreso boliviano el 28 de noviembre pasado.

Agotada la retahíla de cuestionamientos opositores a la gestión de los 44 contratos de producción suscritos el 28 de octubre último por 10 multinacionales, además de Petrobras, Total, Repsol, Britih Petroleum (BP) de Gran Bretaña, Villegas pidió al Senado la sanción de una ley de enmiendas que permita reparar errores de forma e inexactitudes existentes en los contratos.

“Nos interesa de sobremanera que agilicemos de tal manera de cancelar no solamente una relativa incertidumbre, sino, fundamentalmente, reanimar y recuperar el sector a través de las nuevas inversiones que van a realizar las empresas que han suscrito los 44 contratos”, urgió el ministro, para quien los contratos observados dejarán 80.000 millones de dólares en 25 años al erario boliviano.

En el careo senatorial Villegas también admitió tácitamente la existencia de una cláusula de exención tributaria en los contratos, en razón a que convierte a tres tipos de impuestos al valor agregado, transacciones y transferencias de ganancias al exterior en “costos recuperables” por parte de las empresas.

Por su parte Morales Olivera, que este miércoles comenzó a comparecer ante esa comisión multipartidaria, insistió en que las petroleras pagarán, como cualquier otra empresa establecida en el país, los impuestos de ley.

El senador opositor Róger Pinto trató a Morales Olivera de “delincuente” y pidió su destitución de la Presidencia de YPFB.

En un virtual cuestionamiento a las política de Morales, el Senado también convocó al predecesor de Villegas, Andrés Soliz, al ex titular de YPFB, Juan Carlos Ortiz, protagonistas de primer orden en la política de nacionalización de hidrocarburos, a dos superintendentes de Hidrocarburos y a representantes de Petrobras, Total, BP y Repsol.