SAMUEL SANTANA
El costo de la corrupción en este país es sumamente elevado. Hay una corrupción que se realiza a nivel de pagos extras por servicios que los ciudadanos demandan en las instituciones del Estado. Y hay, también, una corrupción macro que es ejecutada en las altas esferas del Gobierno.

La suma general de estos dos renglones tiene una incidencia devastadora contra los intereses del país y de todos los ciudadanos.

No se trata de una práctica que pasa desaperciba por la población. Según sondeos realizados, ocho de cada diez dominicanos afirma que en el país la  corrupción es algo normal.

La gente se acostumbra tanto a esta práctica que de antemano se prepara para asumir el pago extra para conseguir que se le atienda en la ejecución de cualquier servicio requerido.

Dentro de las instituciones de servicios del Estado la burocracia atasca, obstaculiza y dificulta la gestión de los ciudadanos con la clara intención de forzar a que se ofrezca dinero para la solución del problema o la entrega de lo solicitado.

Se trata de una práctica reconocida y, hasta, aceptada. Se recuerda cómo en una ocasión el extinto presidente doctor Joaquín Balaguer rehusó satisfacer la demanda de aumento de salarios a la clase trabajadora del país, bajo el alegato de que los servidores públicos compensaban sus ingresos a través del soborno.

El tenía conocimiento de que hasta sus propios funcionarios realizaban acciones dolosas contra el erario público, pero se limitó sólo a decir que él no lo hacía, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

El combate contra este flagelo ha sido un fracaso en este país porque el mismo se ha entremezclado con el elemento político. Cada vez que un Gobierno asume la lucha, los acusados se defienden diciendo que se trata sólo de una persecución por parte de quienes ostentan el poder.

Y el solo hecho de la comprobación de esta realidad, ha llevado a que la misma ciudadanía no confíe en las autoridades cuando hablan de expedientes contra funcionarios de gestiones pasadas. Ciertamente se ha visto cómo el futuro político de ciertos líderes fue neutralizado al ligarlos estratégicamente a supuestos actos de corrupción.

En otros casos ha ocurrido todo lo contrario con la liberación de antiguos funcionarios que lesionaron severamente los intereses del erario público porque su partido llegó al poder o por puras cuestiones estratégicas.

Esto ha traído como consecuencia que el pueblo no tenga fe en la lucha contra la corrupción.

Se ha visto, también, que quienes han asumido posiciones en el Gobierno contra la corrupción, han terminado, al final de la jornada, siendo contaminados ellos mismos por este mal maldito.

A la conclusión que uno llega es que el mismo Estado no está en capacidad de articular el mecanismo eficiente y necesario para controlar la corrupción.

Hasta ahora las instancias que se han creado a esos fines han terminado simple y llanamente convertidas en una especie de burocracia parsimoniosa, indiferente e ineficiente.

¿En dónde se pueden apreciar las evidencias de las acciones? En contra de la corrupción se han levantado muchas humaredas que sólo se han limitado a escándalos, amenazas, denuncias y espectáculos mediáticos. Nada concreto.

La única posibilidad que existe contra este mal es la existencia de organismos, personalidades e instituciones al margen del Gobierno que estén dispuestos a luchar con seriedad, responsabilidad y energía para erradicar esta práctica.

Hay que apoyar toda iniciativa que se levante contra la corrupción levantando un inventario medible de sus efectos en la vida de los ciudadanos, proyectando campaña de concienciación y exigiendo acciones concretas.

En lugar de depositar la confianza en las decisiones de los gobiernos, lo que se debe es levantar un frente de reclamo y de lucha para forzar a que se tomen medidas claras de modo que los recursos del Estado sean usados sólo para el desarrollo del país y para mejorar la condición de vida de los  ciudadanos.

Cualquier iniciativa en ese sentido, debe ser apoyada por todos.