El vienes 14 del presente mes, la sociedad norteamericana y la comunidad mundial quedamos estupefactos con la horrible matanza perpetrada por Adam Lanza, un joven de apenas 24 años, que armado de un fusil de asalto irrumpió en la escuela primaria de Sandy Hook, un pueblito de apenas 20  mil vecinos, en Connecticut, asesinando a 20  niños de kindergarten y siete adultos, inclusive a su madre.

La reacción de la sociedad  norteamericana y del presidente Barack Obama de inmediato dirigió su acción al espinoso problema de reducir la capacidad de los civiles adquirir armas de todo tipo, especialmente fusiles de asalto, que se colige debe reservarse exclusivamente a militares, policías y agentes de seguridad estatal.

El propósito, laudable, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, tropieza en la primera potencia mundial con la oposición de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, NRA, siglas en inglés, que en ese país choca con un valladar formidable porque pervierte por el susurro aurífero la conciencia de legisladores venales que transigen con principios por el hombre del maletín.

El presidente Obama intentará en enero próximo en el Congreso modificar la llamada Enmienda Segunda, que nace casi con la fundación de los Estados Unidos, que permite a los ciudadanos el derecho a poseer un  arma de fuego, de manera que introduzca la imperiosa necesidad de eliminar el expendio de armas de asalto a civiles, que poseen más de 600 millones de armas de fuego.

Muy parecido ocurre en nuestro país, que por el condenable propósito de la reelección presidencial no ha sido posible modificar la Ley 36-66 de manera que solo se permita  la tenencia y  no el porte de armas de fuego, evitando miles de muertes, cuyo responsable es quien no introdujo la modificación en aras de censurables propósitos personales.