Cuando era secretario de Finanzas y a raíz de la volatilidad en el tipo de cambio promovida por la crisis que se gestaba en el sistema financiero, comenzó a manifestarse con fuerza una tendencia a controlar el mercado de divisas, que provenía básicamente de un sector del Gobierno.

Eso se aceleró brutalmente después de la crisis bancaria y estando ya en el Banco Central como Gobernador. Desde esa posición tuve que enfrentar con fuerza a los que pretendían convencer al Presidente de que había que intervenir el mercado cambiario porque estaban conspirando contra la gobernabilidad.

Muchos pensarán que esa propuesta no era descabellada cuando la tasa se disparó de 24 a más de 50 pesos por dólar en cuestión de semanas. Además, había pruebas irrefutables de manejos turbios e irregulares en algunas casas de cambio que pudieron haberse cerrado legalmente. Pero eso nadie lo entendería.

Lo único cierto es que de haberse producido esa intervención, los efectos en la economía hubieran sido más catastróficos que los causados por la quiebra bancaria. Yo diría muchísimo más grave, al punto de costarle el puesto al entonces presidente Hipólito Mejía, ya que no habría FMI, BM o BID que nos ayudara. Gracias a Dios, el propio Presidente se opuso siempre a esa idea descabellada.

Aunque en un contexto diferente pero con los mismos efectos destructivos, varias voces gubernamentales comienzan a proponer controles de precios de los alimentos básicos. En su desesperación y desorientación salen con esa estúpida idea amparadas en viejas disposiciones legales, sin entender que esa medida lo único que puede acarrear es más escasez, más hambre y más desestabilidad política y económica.

En un país sin capacidad para competir y donde el Gobierno piensa que la agricultura es un gasto más que una inversión, no puede existir posibilidad de que los precios bajen aumentando la producción y los rendimientos. Porque ese mayor rendimiento se obtiene con tecnología, crédito oportuno y buena asistencia técnica, contrario a los subsidios indiscriminados que se otorgan y que sólo prostituyen la actividad agropecuaria.

La política agropecuaria y agroindustrial de las actuales autoridades está hundiendo cada vez más la producción y aumentando la escasez de alimentos, lo que desencadena una espiral inflacionaria en la canasta básica que no se detiene ante nada. Este Gobierno no entiende la agricultura ni les interesa entenderla ya que nunca ha sido su prioridad. Lo quieren resolver todo ofreciendo dinero a granel para bajar forzosamente los precios en los periodos electorales.

Además, hay todo un negocio sucio con las importaciones de alimentos que cada año enriquece a mucha gente y que difícilmente se podrá eliminar.

La escasez ficticia o inducida se ha convertido en una fuente de riqueza para muchos seudoempresarios agropecuarios, en contubernio con funcionarios del sector.

Lo que tiene que hacer el Gobierno para bajar los precios es una profunda reforma institucional del agro dominicano cambiando todo esa basura de gastos superfluos que existen, incluyendo subsidios mal orientados que promueven la ineficiencia.