UBI RIVAS
Aunque un poco tardío, que más vale que nunca, el presidente Leonel Fernández finalmente dispuso lo que muchos, el suscrito incluido, por mucho tiempo, había insistido, incorporar a los institutos armados al patrullaje conjunto con la Policía Nacional. 

Eso dispuso el gobernante conforme al espíritu del decreto 310-06 del 24 de julio último, y 48 horas después, entraba en plena vigencia, percibiendo el país por primera vez en mucho tiempo, las patrullas mixtas actuando en las calles y en las barriadas pobres.

Con el decreto 309-06 el presidente Fernández prohíbe la importación de armas por las diferentes razones sociales involucradas legalmente en ese negocio, un error, porque el asunto no estriba en la venta, sino más bien a quien Interior y Policía expide una licencia para poseer y portar un arma de fuego, y por cuales motivos.

Con el decreto 317-06, el Presidente de la República dispone que todos los policías y militares asignados a funcionarios públicos sean regresados a los cuarteles é integrados a las patrullas mixtas, correctísimo, porque no se explica que  funcionarios públicos dispongan de militares de custodia.

Los funcionarios del Estado con la excepción del jefe del Estado que sientan miedo, lo que deben hacer es o renunciar a sus cargos o contratar compañías de seguros, no usar militares, sobre todo oficiales de carrera, debido a que resulta una frustración para un oficial egresado de una academia llevar a los hijos de funcionarios a los colegios o cargarle la compra del supermercado a las doñas esposas de funcionarios, lo mismo que cuidar peajes, y lo que pasa es que los militares no hablan a muchos, aunque en confianza se desahogan con razón.

Sólo el Presidente y el Vicepresidente de la República (aunque el segundo en realidad es un cuadro pintado en la pared que nada significa porque nada decide), los jefes militares y el jefe policial deben tener escoltas pagadas por los contribuyentes, y nadie más.

Pero centrándonos en la materia que preocupa a esta entrega, el control del crimen que ha desbordado los parámetros razonables de lo que se clasifica como “el monopolio de la violencia” que debe ejercer el Estado contra el crimen, las medidas dispuestas por el presidente Fernández son correctas, lo mismo que el horario a los lugares de juergas, colmadones, bares, restaurantes y otros puntos de diversiones.

Esas medidas correctas, empero, deben ser reforzadas con otras de tipo social, como lo es la creación de los Centros Sociales del Estado (CSE) en los barrios, compuestos por una unidad de PROMESE, otra de INESPRE (aunque ahora no funciona, rehabilitarlo para el efecto), otra de ADOZONA, otra del CONEP y finalmente otra de la SESPAS.

En esos CSE el Gobierno del presidente Fernández completaría el ciclo de asistencia social a los barrios, ofreciéndoles medicinas y alimentos a precios sin especulación, como también asistencia médica y empleos, que es la causa primigenia que idóneamente podría contribuir a reducir la ola de violencia que nos ahoga.

Que el sector privado se involucre en el problema que nos afecta a todos y del cual no se evade el sector privado. ¿O se evade?.

El presidente Fernández debe dispensar oídos sordos a las voces que cuestionan las medidas heroicas como comerciantes de bebidas espirituosas que alegan la disminución del horario de expendio reduce sus beneficios, soslayando que todos debemos y tenemos que pagar una cuota, un valor, por el rescate de la seguridad y la paz ciudadana que resulta ser la motivación de las disposiciones legales dispuestas por el presidente Fernández.