El consumo de bebidas alcohólicas alcanza en  este país volúmenes tan impresionantes como lamentables son sus consecuencias. La alta demanda de alcohol alimenta un mercado de oferta que ya invade  espacios comunes porque establecimientos de expendio de alimentos han sido convertidos en “colmadones” y “drinks”. El consumo de alcohol tiene una significativa responsabilidad en la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito y homicidios.

Todo lo anterior, más el drama social y familiar que se deriva de la adicción al alcohol y su consumo por menores de edad, justifica la iniciativa del Presidente Leonel Fernández, de someter un proyecto de “Ley para el Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas”, que contempla rigurosas normas para la comercialización y consumo,   la necesidad de permisos específicos para su venta y las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Creemos oportuno señalar que de convertirse en ley este proyecto, debe ser para una inflexible aplicación, para que no pase lo que ocurre con la ley que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y el ingreso de éstos a los sitios de expendio. La sociedad, que sufre las terribles consecuencias derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, debería darle a la iniciativa presidencial  un respaldo unánime.

La PN a tono con una necesidad

Una queja frecuente, a propósito de los feminicidios, es que a algunas de las víctimas no se les dio la protección necesaria cuando acudieron a dotaciones policiales a denunciar amenazas o agresiones de sus parejas. En respuesta a esta situación, la jefatura de la Policía ha puesto en servicio  la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Es el resultado de un compromiso asumido con el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio Público y otros organismos oficiales.

Personal entrenado para estos propósitos se encargará de atender a las mujeres que acudan a esta unidad por agresiones o amenazas. Hay un formulario especial para tomar las denuncias y los policías de esta unidad están autorizados a penetrar a las viviendas de las mujeres bajo acoso para protegerlas. Es un paso de avance en la búsqueda de medios de prevención contra la violencia de género.