Es necesario que el proselitismo político esté bajo ciertos límites para que no reste tiempo ni  atención a la búsqueda de soluciones  a problemas importantes.

Hay un activismo que debería quedar limitado a lapsos cercanos a cada comicio. Nos referimos a grandes movilizaciones de público, caravanas y marchas que derrochan recursos en contraste con las sentidas precariedades de la nación.

Es imprescindible además lograr total transparencia sobre la procedencia y uso de recursos en el accionar partidario.

El único dinero procedente de las arcas del Estado que podría correctatttttttmente utilizarse, es el que,  de manera regulada, manda la ley.

El empleo abusivo  de vehículos  oficiales o de cualquier bien público o servicio pagado por los contribuyentes, debería ser sancionado por la Junta Central Electoral, con divulgación pública incluso, a modo de condena moral,  tribunal que en la tarea de supervisar a los partidos debería contar con el auxilio  de la ciudadanía y las autoridades judiciales.

La autoridad electoral debería ser particularmente inflexible en torno al proselitismo reeleccionista.  La condición de Presidente de la República, ni ningún otro estatus oficial, deben representar ni dar motivos a privilegios en la lucha electoral.

Regular las campañas políticas no debería implicar la pretensión  de silenciar a los partidos, como es lógico.

No puede conllevar  que se les prohíba publicar sus ideas en espacios pagados o que la prensa deje de reproducir sus pronunciamientos.

Pero sí debe evitarse que los partidos que dispongan de más recursos  apabullen a sus competidores y logren una desigual difusión de propaganda.

El uso de recursos, cuya procedencia debe estar a la vista, no debe desequilibrar la lucha pues un triunfo obtenido a base de  papeletas probablemente no lograría  una genuina expresión de la voluntad popular.  El votante que actúa motivado por una ventaja material  muy personal u ocasional, traiciona su conciencia; y aunque las reglas le acepten la expresión de su “voluntad” no se garantizaría la elección de autoridades en función de méritos y compromisos programáticos realistas y al margen de la demagogia.

Por demás, en este país no debe irse ligeramente  a la posibilildad de restringir  a la prensa  ni a ningún otro sector en el uso del  instrumento serio y científico que pueden ser las encuestas.

Las falsedades y mamotretos presentados como encuestas por sectores interesados merecerán siempre la condena y el desprecio de la ciudadanía, pero no pueden servir de  pretexto para acallar estudios hechos con idoneidad. Se violaría el derecho a la libre difusión de noticias.

Respaldo a Erica
Nuestra corresponsal en Samaná, Erica Guzmán, formuló responsablemente, serias denuncias sobre irregularidades en la expedición de documentos del Estado Civil en Las Terrenas.

La Junta Central Electoral dio por comprobadas las denuncias y ahora,  la periodista Guzmán ha sido objeto de amenazas de muerte de manera anónima.

Exigimos con toda energía, que la laboriosa y veterana periodista Guzmán sea celosamente protegida por las autoridades  y que se investigue el origen de las amenazas hasta dar con sus autores.