Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Creo que son amplios los sectores de la vida nacional que desean mayores regulaciones para las actividades y financiamientos de lo que yo prefiero llamar la industria política de la República Dominicana. Pero no estoy convencido de que este sea un deseo mayoritario.
¿Por qué estimo que no se trata de una aspiración o necesidad mayoritaria? Por la sencilla y obvia razón de que las actividades político-partidarias benefician a muchas personas y sectores y porque el clientelismo político es una práctica que envuelve y ofrece rentabilidades a personas y empresas de las clases altas, medias y bajas. Hace tiempo que las autoridades electorales debieron tomar la iniciativa de establecer mayores regulaciones que las contempladas en la ley electoral para reordenar las campañas electorales.
Pero no fue posible porque la misma JCE forma parte de ese circuito que perfila la industria política de la República Dominicana. Los jueces y los otros principales directivos del organismo han obedecido, por años, a la voluntad de los tres gandes partidos, de la iglesia católica y de algunos grupos económicos, y además han conseguido pingües beneficios y seguridad económica para el futuro.
Y ahora, cuando toma la iniciativa de reordenar las campañas electorales, lo hace en una época extemporánea y desde una postura ideológica que la lleva a desbordar los ámbitos electorales y a intervenir en la vida interna de los partidos.
Mi primera objeción a esta propuesta de reglamento tiene que ver con la época o el tiempo cuando la misma se presenta. Estamos a menos de un año de las próximas elecciones nacionales. Los partidos políticos, columna vertebral del sistema electoral, están inmersos en la preparación de sus respectivos programas de gobierno, en el diseño de su campaña proselitista y propagandística, en la búsqueda de sus candidatos presidenciales y en el examen de posibles alianzas. Por lo tanto, difícilmente cuenten con el tiempo y el sosiego intelectual necesarios para discutir un documento como el presentado a la opinión pública por la Junta Central Electoral.
Creo que si queremos discutir con amplitud temática la cuestión de la regulación de los partidos políticos y redefinir sus roles, debemos hacerlo comenzando un día después de terminadas las próximas elecciones. Mi segunda objeción a la propuesta tiene que ver con su ingenuidad. El documento concentra sus regulaciones en los partidos políticos, como si estos fueran los únicos polos del circuito partidario dominicano, lo que yo prefiero llamar la industria política. Los distinguidos magistrados Roberto Rosario Márquez y José Angel Aquino Rodríguez (responsables del anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas del 2000) olvidaron a las organizaciones parapartidarias, a las fundaciones que dirigen los directivos de los partidos, a los espacios de comunicación social orientados por periodistas de partidos y al Poder Ejecutivo.
Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos que el Presidente de la República es el candidato presidencial de su partido para las próximas elecciones. Esta posición le ha dado ventaja sobre los otros partidos desde el 16 de agosto del 2004. Incluso sobre los aspirantes a la candidatura de su propio partido. Por lo tanto, limitar algunas de sus actividades 30 días antes del día de votación no es suficiente. Pero, además, ¿qué hacer con el tradicional clientelismo que se ha practicado desde el Estado dominicano?
La propuesta de reglamento de la JCE, finalmente, pretende legislar para establecer disposiciones sobre las políticas de publicación de los medios de comunicación. Creo que la JCE solo puede referirse a las emisoras estatales, pero nunca a entes privados que, por lo demás, están sujetos a una ley a la que tienen que responder civil y penalmente. Tan extraño como esto es la pretensión de la Junta de querer invalidar el abstencionismo electoral como un acto de decisión política sobre el cual puede hacerse militancia política, lo mismo que las convicciones religiosas. Si un partido puede pedir no votar por otra porque, por ejemplo, favorece las obras públicas por encima de la inversión en educación, también un grupo religioso puede pedir a sus fieles no votar, por ejemplo, por un partido que favorezca el aborto.
El tema, como puede apreciarse, da para más.
