Cuántos millones de haitianos viven ilegalmente en la República Dominicana? Ninguna autoridad, ni especialista privado, puede responder acertadamente la pregunta precedente. Por tanto, reglamentar la inmigración ilegal es un acto obligado de soberanía en las circunstancias actuales de las relaciones internacionales.

Exigir permisos de residencia a los extranjeros, incluidos los miles de haitianos ilegales, es una atribución legítima del gobierno, que la sociedad  debe respaldar, pues  procura preservar la integridad nacional y organizar el trabajo productivo. Imponer fuertes multas a los empresarios que contraten inmigrantes desprovistos del permiso de inmigración correspondiente, es una medida aplicada en la mayoría de los países que han enfrentado exitosamente la inmigración ilegal. 

Este es un problema que ha afectado la vida social, política y económica de nuestro país desde hace casi 50 años, y que, como ha ocurrido con otros desafíos apremiantes –por ejemplo, la energía eléctrica- se ha postergado irresponsablemente su solución hasta tornarse en crisis  prácticamente inmanejable. Debemos aceptar que aquí entran dos objetivos en conflicto. Por un lado, para los pobres del mundo, entre los cuales se destacan nacionales dominicanos y haitianos, la emigración es la forma expedita para escapar de las penurias económicas y al sufrimiento. La diáspora dominicana es un ejemplo patente.

Y, dondequiera que se encuentren, la preocupación por nuestros semejantes debe motivar la conciencia nacional. Al propio tiempo, los gobiernos tienen un deber ineludible con la población para la creación de fuentes de trabajo, la salud, educación  y mucho más. La resolución de este conflicto debe favorecer implícitamente el flujo regular de inmigrantes y su estatus legal en nuestro país. Esto los beneficia, pues provoca estabilidad social a ambos lados de la frontera.  Ese es el espíritu del nuevo reglamento de Migración, que  ha llegado justo en el momento oportuno.