La Junta Central Electoral (JCE) debería apresurar -no necesariamente festinar- la elaboración y aprobación de un reglamento para la campaña electoral de los partidos políticos.

Lo ideal sería que ese reglamento sea concebido como una avanzada de una ley de partidos políticos que establezca las pautas necesarias para normar las actuaciones de estas organizaciones, cuyo papel es relevante para la democracia representativa.

Por razones que no es necesario enumerar ahora, es necesario vigilar con celo el origen de aquella parte de las finanzas de los partidos que no proviene del erario, sino de contribuciones y recaudaciones diversas.

 A propósito del aspecto financiero, como el Estado entrega fondos a los partidos políticos para financiar sus actividades, es necesario que haya controles y requisitos para las inversiones que se realizan en los períodos de proselitismo.

En realidad, lo ideal sería que los partidos se agenciaran sus recursos, siempre respondiendo a principios de moralidad que les preserven de la posibilidad de ser utilizados por fuentes económicas de mala reputación.

Cada campaña electoral está caracterizada por un ejercicio muy prolongado y costoso de recorridos y publicidad en el que se gastan sumas enormes, en un país cargado de gente en la extrema pobreza.

La democracia representativa no puede ser un botín de los que más tienen en perjuicio de los que menos tienen. Ni siquiera a lo interno de los partidos debería permitirse que sea el dinero lo que determine las candidaturas.

II

Un aspecto cuestionable del financiamiento de las campañas de los partidos con dineros del erario es que este procedimiento fomenta privilegios contrarios al espíritu de la democracia misma.

El solo hecho de no tratar igualitariamente a los partidos, sino privilegiarlos en función de su poder de convocatoria, es un gesto de discriminación impropio de un Estado democrático.

Lo que corresponde al Estado es dar a cada partido reconocido el mismo tratamiento y que sea la capacidad de cada una de estas organizaciones la que determine su posición en la aceptación del público.

El modelo actual pone a los grandes partidos a aplastar a los más débiles.

Por eso es preciso que la JCE trabaje con premura en un reglamento para la campaña electoral, para recortar su duración a términos prudentes y para establecer requisitos sobre la calidad de la propaganda y el discurso.

Ese reglamento debe, de alguna manera crear espacios para el debate de asuntos puntuales de interés nacional, en los cuales los líderes y candidatos de los partidos tengan la oportunidad de plantearle al país sus ideas para enfrentar los problemas.

No es posible que se permita el desparpajo propagandístico actual, que no respeta ningún espacio.

Hay que poner bajo responsabilidad de los partidos el deber de impedir, por todos los medios, que los actos oficiales sean utilizados como tribunas para promover candidaturas, práctica ésta muy frecuente en estos tiempos.

La JCE tiene el deber de trabajar en este reglamento valiéndose de sus facultades de ley, porque se requiere  que el tiempo y los recursos del país sean mejor administrados en provecho de todos, de la democracia y de todos los ciudadanos por igual.