Ante todo, debo pedir excusas a los lectores que se extrañaron por no leer las entregas sabatinas que durante muchos años escribimos en este diario.  Nos encontrábamos en el Ecuador representando el país en las reuniones de la Organización Internacional del Cacao (IICO) y sus Órganos Subsidiarios.  Asimismo, participamos junto al Ecuador en las deliberaciones para la creación de la Organización de Países Productores de Cacao Fino o de Aroma (FINACAO), en donde, siendo Dominicana un destacado cultivador de este tipo de cacao, estamos tratando, junto a otros países productores, de obtener un precio diferenciado sobre el cacao convencional u ordinario, tema que abordaremos la próxima semana.

   Al regreso constatamos la decisión, a nuestro parecer injustificada, de que a dieciséis  miembros de la ONG Participación Ciudadana se les haya impedido participar como observadores en los comicios que se celebrarán el 20 de mayo próximo, alegando que los mismos son militantes o simpatizantes de los diferentes partidos políticos que participan en el proceso electoral.  Lo extraño de este caso, es que las que se oponen son precisamente cuatro jóvenes que anteriormente pertenecían a esa organización.  Creemos que militar en un partido político, lo cual es un derecho constitucional, no puede ser motivo de impedimento para poder ser observador en un proceso electoral.  De ser así, las jóvenes aludidas, así como varios miembros titulares de la JCE, les estaría vedado formar parte de la institución, ya que a varios de ellos se les conoce su filiación política.  Observador, según una de las definiciones del diccionario de la RAE: “Que observa. Persona que es admitida en congresos, reuniones científicas, literarias, etc., sin ser miembro de pleno derecho”.  Deducimos entonces, que no tienen poder de decisión, sino para emitir juicios de valores sin que esto implique comprometer a la entidad en donde fueron admitidos para observar.

   La JCE que ya había sido cuestionada cuando se suscitó el conflicto con el director del Departamento de Cómputos y la solución “salomónica” a la cual se llegó, la cual le costará a los votantes más de tres millones de pesos, debería ser flexible en la admisión de observadores, en el entendido que cuanto mayor sea la fiscalización, la transparencia de las elecciones serían más creíble y los resultados aceptados por los que ejercieron el sufragio al no poder alegar los partidos políticos insuficiencia de percepción.

   Para que un proceso electoral pueda ser catalogado de diáfano, la ciudadanía no debe tener la menor duda, de que los resultados fueron el consenso de la voluntad popular, sin máculas ni trapazas.  De ese modo, los candidatos electos gozarán de la confianza depositada en ellos y que cumplirán la mayoría de las promesas hechas en la campaña electoral.

   Esperamos que todos, en esta pasada Semana Mayor,  hayamos reflexionado todos sobre el destino de nuestro país y que el Señor nos ilumine a la hora de votar, para que se elija aquel que tenga más capacidad, voluntad y honestidad para dirigir los destinos de nuestra Patria.