La semana concluye con un debate sobre el acuerdo al que arribó la procuraduría general de la República con Odebrecht, y cuya legalidad será decidida por el Tribunal que designe la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde fue depositado el viernes para homologar.
La controversia ha sido generada por la campaña mediática llevada a cabo por un grupo de juristas, encabezados por el experto constitucionalista Eduardo Jorge Prats, quien fue contratado por el Ministerio Público como asesor para el tema.
Aunque estos juristas, entre los que figuran Julio Cury, Miguel Valerio y Olivo Rodríguez Huerta, solo manejan información general y jurídica del acuerdo, ya que su contenido “está protegido en su totalidad por la confidencialidad”, según ha dicho el propio procurador general Jean Rodríguez, todos coinciden en que el mismo es un avance en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.
También la Fundación Transparencia y Democracia (FDT) consideró que el acuerdo es beneficioso para el país, y que además se ajusta a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Contenido divulgado. En el acuerdo, Odebrecht se compromete a pagar al Estado dominicano US$184 millones, como resarcimiento por los US$92 millones que dio como soborno a funcionarios aún no identificados, para obtener contratas que le generaron ganancias por el orden de los US$163 millones.
De esa cantidad hizo un adelanto de US$30 millones, y los restante US$154 millones los pagaría en cuotas anuales durante 8 años, que terminarían en el 2025.
Según informó el procurador, dicho acuerdo contiene una cláusula de cooperación que obliga a Odebrecht, además, “a robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”.
Como contrapartida de la compensación y colaboración juridica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales y al principio de non bis in idem y la economía procesal, una vez satisfechas las condiciones del acuerdo “la empresa (Odebrecht) y sus empleados directos continuarán siendo procesados en la jurisdicción brasileña”, donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, cumple una condena de 19 años de prisión.
Quedan fuera del alcance del convenio y podrán ser objeto de persecución penal, “ todas las sociedades que no sean parte del grupo económico Odebrecht, comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios púbicos y demás terceros involucrados en los hechos admitidos por la constuctora brasileña”.
Otros. El Conep y el Colegio de Abogados abogan porque la investigación del caso llegue hasta las últimas consecuencias.