A raíz de un reportaje presentado por la periodista Nuria Piera donde se acusa al exnuncio del Papa en el país, Jozef Wesolowski,  de tener encuentros sexuales con varios menores de edad, ha sido mucha la controversia y ventilación de información sobre el caso.

Han salido a la luz pública declaraciones no solo de los alegados  menores agraviados, sino de personas que afirman ser testigos oculares de las visitas del exnuncio a la zona de Montesinos.

También se ha tratado el caso del sacerdote Alberto Gil, de nacionalidad polaca igual que el representante del Papa, quien residía en Juncalito, en la provincia de Santiago y que también está acusado por violación de menores y fue declarado en rebeldía por la Fiscalía de esa localidad, por haber abandonado el país de manera sospechosa.

¿Pero existe la posibilidad de que estos curas sean procesados legalmente por las acusaciones que pesan en su contra?

Según explicó Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, al ser cuestionado sobre el particular, la Convención de Viena prohíbe que Wesolowski sea juzgado en República Dominicana, debido a que supuestamente debe ser procesado en el país que lo acreditó.

Pero ¿Qué dice la Convención de Viena? En su artículo 31, establece que “El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa”.

No solo eso, la Convención que entró en vigor en 1964, precisa en el mismo artículo que “El agente diplomático no está obligado a testificar”.

Además, “no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia”.

¿Asistirá a los tribunales? La Convención deja un espacio para un posible careo con la justicia. En el inciso cuatro del mismo artículo se explica que “La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”.

Esto implica que el proceso judicial contra el exnuncio se deberá cursar en el Vaticano, debido a que es el Estado que le acreditó como diplomático. Por su parte, a principio de mes el Vaticano confirmó que investiga al destituido nuncio apostólico por supuestos abusos de menores.

La destitución del nuncio se supo en Santo Domingo el 26 de agosto, cuando la prensa nacional reprodujo una información del periódico italiano La Stampa de Torino, que atribuyó la medida a pugnas entre el representante del Vaticano y el arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto González Nieves.

Desde ese momento contra Wesolowski, quien se ha informado está en Roma, se han abierto tres investigaciones. Una en el Vaticano, otra en el país y la más reciente en Polonia, y todas por el mismo delito: abuso de menores.

El ZOOM

¿Qué dice al respecto el Concordato?

En su artículo XIII, este acuerdo firmado entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, en ese momento dirigido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, precisa que “En caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la Jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente Ordinario del lugar.

Dice además que “deberá transmitir al mismo los resultados de la instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto en primera instancia como en apelación, revisión o casación.

Agrega que “en caso de detención o arresto el eclesiástico o religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado”.

También explica que “En el caso de condena de un eclesiástico o de un religioso, la pena se cumplirá, en cuanto sea posible, en un local separado del destinado a los laicos, a menos que el Ordinario competente hubiese reducido al estado laical al condenado”.