El director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo  ha convocado a los miembros de la  Comisión de Evaluación Técnica a fin de revisar y validar las solicitudes de 15 proyectos empresariales a instalarse en las provincias fronterizas bajo la Ley 28-01.

  Ha resultado chocante que esta  convocatoria se produzca después de que   el Tribunal Superior Administrativo acogiera la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Asociación de Industrias de República Dominicana en contra de una decisión de ese Consejo  mediante la cual autorizaba la operación bajo ese régimen legal  a las empresas  Licorera La Altagracia, Maiberil International, Varpederdy y Saerat Investment, productoras de ron, de colchones, sacos de prolipropileno y pacas, respectivamente.

Se entendía que tras esta medida cautelar el Consejo esperaría a una propuesta de  modificación de la señalada ley que ya está en marcha, para evitar que se continúen generando las distorsiones en el mercado a través de la competencia desleal que generan las empresas beneficiadas en perjuicio de las  empresas establecidas en el país que pagan todos sus impuestos.

Ha llamado  la atención que entre las empresas que estarían solicitando acogerse a la señalada Ley está la Cervecería Nacional Dominicana, lo cual ha sido interpretado como una acción preventiva de esta empresa dirigida a evitar que le ocurra lo mismo que a otras empresas, entre ellas productoras de refrescos, que han sido sometidas a una fuerte competencia desleal por otras compañías beneficiarias de la señala ley.

Según la convocatoria, la solicitud de la Cervecería Nacional Dominicana es para conducir el negocio de cervezas: fabricación, producción  y distribución. Se establecería en la provincia Montecristi.

Se entiende que esta es una señal de alarma que debe conducir a la modificación de la señalada ley, para evitar una corrida de empresas que pagan sus impuestos para emigrar al régimen de exenciones de la Ley 28-01, lo cual haría insostenible el régimen fiscal del país.

Igualmente, ha preocupado que entre las empresas solicitantes haya una, Carfrank, S.R.L., que se dedicaría a la producción de tanques de PVC y tubos de PVC para agua SCH-40, además de tubos de PVC para uso eléctrico  SDT-26, que se establecería en la provincia de Baoruco.

Lo que preocupa en este caso es que en el país hay un exceso de capacidad instalada en la industria del plástico, por lo cual la aprobación de una empresa que  competiría de manera desleal, al amparo de los incentivos de la señalada ley, llevaría a muchas de ellas a la quiebra.

También hay una solicitud de una empresa que se dedicaría a la fabricación de puertas y gabinetes y de otras dos que fabricarían muebles del hogar, lo que sometería a una competencia desleal a las empresas que tradicionalmente en el país se han dedicado a estas actividades y pagan sus impuestos.

El resultado sería, de aprobarse ese tipo de empresas para ser beneficiadas con la Ley 28-01, que en vez de crear impuestos, el resultado sería pérdida de puestos de trabajo a causa del cierre de las empresas que no pudieran resistir la competencia desleal de las que operarían en un sistema fiscal privilegiado.

Adicionalmente, entendidos en la materia entienden que de no descontinuar la aprobación de este tipo de empresas, se están creando las condiciones para que el régimen fiscal se haga insostenible.