SOILA PANIAGUA
El vicepresidente Rafael Alburquerque declaró la celebración a mediados de diciembre de una cumbre que reunirá a empleadores,  trabajadores  y al gobierno, con el objetivo de buscar una salida a los problemas que impiden la plena implementación del Sistema de Seguridad Social en el país.

Alburquerque abogó, mientras tanto, por la modificación de la Ley de Seguridad Social, tras afirmar que en la forma en que está estructurada impide que el pueblo disfrute de un buen servicio de salud y apoyó  una concertación entre todos los sectores que inciden  para cambiar los aspectos infuncionales.

Explicó que en la cumbre se oirá a todos los sectores relacionados, con miras a buscar un consenso que haga funcionar  el Sistema de Seguridad Social y  opinó que “nada hacemos con que un trabajador acumule recursos en un fondo de pensión si no tiene salud”.

Llamó al diálogo a empleadores, trabajadores y a los representantes del gobierno, a fin de que esa situación tenga la solución apropiada.

El funcionario habló en el marco del “IV  Encuentro sobre  “La Seguridad Social desde el punto de vista del usuario: Situación actual y perspectivas”, con la participación de representantes de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

Asimismo, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Secretaría de Salud, la  Tesorería de la Seguridad Social y la Superintendencia de Riesgos, SISALRIL. Coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para que las personas de menos ingresos perciban los beneficios de la seguridad social.

“Son ingente los escollos que encuentra el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo y fundamentalmente en lo que toca a la elaboración de un plan básico de salud”, dijo Alburquerque, tras añadir que ha sido difícil que los  trabajadores y empleadores logren un consenso.

Costo del retraso

El retraso en la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS) cuesta a los trabajadores dominicanos sin seguro médico unos RD$21.8 millones diarios, afirmó ayer el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Arismendi Díaz Santana.

Mientras que la superintendente de Pensiones, Persia Alvarez, dijo que a la fecha esa entidad tiene un monto acumulado de RD$32,508.2 millones, equivalente al 3.7 del Producto Interno Bruto.

 Favoreció que esos recursos sean usados en el financiamiento a la vivienda y a las pequeñas y medianas empresas, sectores que aseguró son altamente rentables.

Alvarez habló en el “IV Encuentro sobre la seguridad Social desde el punto de vista del usuario: Situación actual y perspectivas”, dedicado a la memoria del doctor   Pablo Nadal Salas, que se celebró bajo la organización de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y contó con la participación del vicepresidente Rafael Alburquerque.

Manifestó que esa entidad desarrollará un plan de diversificación de las inversiones de  los fondos de pensiones, con miras a sacar  el mayor provecho a recursos.

Dijo que el 65% de los afiliados tienen edades entre los 20 y 40 años, siendo el 58% hombres.

 Alvarez abogó por una mayor coordinación intersectorial, con el objetivo de que los recursos aportados por los trabajadores sean bien aprovechados.

En tanto que el doctor Bernardo Defilló, superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), opinó que el sector empresarial boicotea la implementación del SFS, cuando propone que las personas de escasos recursos económicos  sean manejadas por el Seguro Nacional de Salud (SENASA)  y que a las empresas privadas solo se deje a quienes perciben mayores ingresos.

Manifestó que apenas un 37% de las personas afiliadas a las ARS, que pagan a esas entidades acude a los centros en busca de asistencia médica, por lo que les queda alrededor de un 67% de ese dinero no utilizado por quienes lo pagan.

Al exponer en la actividad, Díaz Santana, gerente general del CNSS, dijo que por cada día de retraso del inicio del SFS del régimen contributivo los 456,590 trabajadores sin seguro de salud, junto a 1,248,011 de dependientes directos, tienen que enfrentar solos un costo

promedio de RD$21.8 millones, solo para atender la demanda de servicios de salud de las familias.

 Los excluidos del régimen contributivo son 1,704,601 personas, añadió Díaz Santana, quien también dijo que el alto costo de la medicina, incluyendo los servicios públicos y los bajos niveles salariales de la mayoría, la ausencia prolongada del SFS, tiene un impacto catastrófico en el presupuesto familiar de estos trabajadores.

Agregó que de un 1,107,990 dominicanos, el 65%, carece de ingresos suficientes, por lo que se sienten indefensos e impotentes ante una inexplicable exclusión social, a pesar de constituir un activo y una importante fuerza productiva del país.

“En la realidad cotidiana, al no poder cubrir este costo tan elevado, lamentablemente lo pagan con el deterioro de la calidad de la vida y de su familia”, dijo.

En tanto que de 596,610 dominicanos, el 35%, asumen el costo de la atención con sus limitados ingresos a costa de postergar la satisfacción de otras necesidades esenciales, como educación y alimentación, utilizan sus ahorros o se endeudan arriesgando la estabilidad y seguridad familiares, explicó.

A juicio de Díaz Santana, esta inequidad no sólo afecta a los trabajadores, sino a los empleadores y al gobierno y anula los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de superación de la mayoría.

Asimismo, aseguró que también produce ausentismo y frena el incremento de la productividad tan necesaria para enfrentar los nuevos retos de la competitividad global, genera gran inseguridad social y familiar y erosiona la gobernabilidad y la paz laboral del país.

Manifestó que la exclusión social de esos trabajadores, así como de las familias más pobres y vulnerables, explica por qué todas las encuestas realizadas reflejan claramente que la demanda más sentida de la población, la de mayor prioridad, es contar con un sistema de seguridad social en salud confiable, satisfactorio y asequible para todos. 

 Agregó que  la ausencia de un seguro de salud universal y solidario y el creciente costo de la atención médica, explican además los altos índices de morbilidad y de mortalidad prevalentes por causas relacionadas con un bajo nivel de ingreso y malas condiciones de vida.

“Frente a esta realidad, apelamos a la flexibilidad de empleadores y trabajadores a fin de que el gobierno del doctor Leonel Fernández logre culminar antes de fin de año los acuerdos que permitan viabilizar el inicio del Seguro Familiar de Salud, como una forma de compensación social para mejorar la situación de la mayoría de la población”, dijo.