“Lo más natural del mundo” es que la gente piense en murallas y fortificaciones para defenderse de “enemigos externos”. Es la historia de siempre. La Gran Muralla de China se construyó para protegerse de la invasión de los mongoles. Son proverbiales los muros de Troya, Jericó, Jerusalén. Todas las ciudades antiguas estaban rodeadas por imponentes muros de piedra. Con el paso del tiempo y “los cambios tecnológicos”, se volvieron inútiles. Algunas hubo que romperlas para que las ciudades crecieran y se desarrollaran. El desbordamiento de la inmigración haitiana ha puesto sobre el tapete la necesidad de construir “un muro fronterizo que contenga la invasión”.

Se habla de un muro a lo largo de una frontera de 300 kilómetros. ¿Se ha pensado en el costo de construcción de semejante muro? ¿Se ha calculado el tiempo que requerirá la ejecución de la obra? Una edificación de esa magnitud, una vez levantada, tendría que ser vigilada por soldados armados. ¿Si los emigrantes intentaran escalar el muro, como ocurre en Melilla, habría que matarlos al asomar la cabeza? Estas preguntas son pertinentes. Gracias a Dios, el almirante Pared Pérez, Ministro de las Fuerzas Armadas, ha dicho que, en ciertos lugares especiales, es conveniente levantar paredes y puestos de vigilancia fronteriza.

El cardenal arzobispo de Santo Domingo, quien no puede ser tildado de “prohaitiano”, ha objetado la construcción de una muralla que podría traer múltiples dificultades administrativas locales y mayores conflictos internacionales. Mientras tanto, se hace un uso marrullero de los vocablos: regularización, naturalización y “nacionalización”. Se busca así confundir a la ciudadanía con respecto al propósito general de “registrar” o “carnetizar” a los inmigrantes ilegales en nuestro territorio. El proceso avanza, como era de esperar, a paso de tortuga.

Chocarán con un escollo insalvable: la mayor parte de los inmigrantes carece de documentos, tanto dominicanos como de su país de origen. No podrán establecer desde cuando son residentes, ni si han nacido en la RD o en Haití. Entonces se verá que el problema no es un asunto jurídico, ni burocrático, ni humanitario. Es un problema político-demográfico, que solo podrá ser solucionado políticamente y -desgraciadamente – en un largo período. “Regularización” es la primera fase de una convulsión colectiva.