La Vega. Fueron recuperados varios vehículos chatarras y un arma de fuego que se encontraban en custodia de la Fiscalía de este distrito judicial, bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.

El Ministerio Público informó que por este caso fueron apresados mediante orden judicial Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa.

Agregó que contra éstos se solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja por la gravedad de los hechos y la pluralidad de imputados.

Explicó en un comunicado que con relación a los hermanos Cabrera Escarramán y los imputados Burgos y Abreu, fueron apresados este fin de semana y sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, estando a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

El Ministerio Público señaló que el grupo fue sometido a la justicia en adición al proceso seguido en el caso del encartado Wilson Rafael Vargas Rosa, quien fue arrestado el pasado 21 de julio y presentado ante dicho tribunal, siendo aplazada la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar, igualmente, consistente en prisión preventiva, para el próximo miércoles 29 de julio.

¿Cómo ocurrieron los robos? Al ofrecer los detalles del caso, la institución del sistema de justicia indicó que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía de La Vega, aprovechando la reducción de empleados que se encontraba laborando en ese órgano del Ministerio Público, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído varios vehículos chatarras y armas de fuego correspondientes a evidencias por los referidos procesos penales.

En el transcurso de la investigación se ha establecido que Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.

Asimismo, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado la cantidad de 10 armas de fuego procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega por la suma de 85 mil pesos.

El comunicado divulgado por el órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales fueron recuperados cuatro vehículos, incluyendo yipetas y furgonetas, que habían sido sustraídos de un depósito de almacén fuera de las instalaciones de la Fiscalía de La Vega, así como una pistola marca Bersa, una caja de cápsulas y cargadores que fueron sustraídos de la Oficina de Control de Evidencias de esa dependencia.

Asimismo, la institución del sistema de justicia indicó que en el transcurso de esos allanamientos fueron confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.

El Ministerio Público dijo que profundiza las investigaciones, al tiempo de informar que contra los imputados han obtenido diferentes evidencias documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas vinculantes al condenable hecho delictivo.

Sostuvo que, por el entramado criminal, el caso debe ser declarado complejo y enviar a prisión por un período de dieciocho meses a los imputados en virtud de la evidente existencia del peligro de fuga y porque es la única medida que garantiza su presencia a todos los actos de proceso y que los mismos no distraigan evidencias y bienes que sean producto del delito.

Señaló que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.