El procurador adjunto Wilson Camacho consideró este miércoles que la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de declararse incompetente para conocer el recurso de Habeas Corpus el general Julio Camilo de los Santos Viola, imputado en el Caso Coral 5G, es «Correcta y ajustada a la ley» porque este tribunal solo puede conocer estos recursos en fin de semana o días feriados.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dijo que el recurso será conocido en el tribunal competente, sin embargo, aclaró que a su juicio esta acción por parte del general Viola «No lleva una razón y es un habeas corpus hecho al margen del derecho», al tiempo que lo calificó como un «Ejercicio de temeridad».

Ayer, martes, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a otros 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.

Leer más: Rechazan por segunda ocasión conocer recurso habeas corpus del general De los Santos Viola

La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.

En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.

Para el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.

La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del