Juan Carlos Mejía Aquino 
General Juan Carlos Torres Robiou, apresado en Operación Coral 5G.
En la presunta estructura criminal liderada por los generales del caso Coral y Coral 5G, también figuran empresas privadas que ayudaban a distraer los fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), bajo el mandato del general Juan Carlos Torres Robui y en complicidad y coalición con el oficial Rafael Núñez de Aza, «cerebro» financiero del alegado entramado.
Así está establecido en el expediente de solicitud de medida del coerción del Ministerio Público, el cual cita en la página 170 a la Estación de Servicios La Marina S.R.L., también conocida como la Estación de Combustible La Marinita, empresa en la que se manejaba un esquema para sustraer irregularmente los fondos del CESTUR a través de ticket de gasolina.
¿Cómo funcionaba? El Ministerio Público reseña que dicha empresa figuraba como adjudicatarias de procesos de prestación de bienes y servicios al Estad, pero no cumplía con el fin para el cual fue contratada, aunque recibía los pagos por esos conceptos para entregar una partida de los mismos a la estructura.
En el caso de la La Marinita, representada por el imputado César Félix Ramos Ovalle, la institución verificó una «gran cantidad» de pagos en su favor, emitidos por el CESTUR, por la supuesta adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en operativos de seguridad y servicios varios.
Esta empresa, de acuerdo a testimonio, no entregaba el combustible vía el ticket, sin embargo, recibía vía transferencias los pagos correspondientes como si el servicio fue brindado, de los cuales el imputado «César Félix Ramos Ovalle se quedaban con un porcentaje, retenía el pago de impuestos y entregaban otra parte a Rafael Núñez de Aza, a través de miembros del cuerpo administrativo del CESTUR».
«La entrega de estos fondos por parte del representante de La Marinita, el imputado César Félix Ramos Ovalle, se realizaba en efectivo, en el mismo domicilio de la entidad comercial, a la cual se trasladaban miembros del CESTUR, por instrucciones de Rafael Núñez de Aza», resalta la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
El dinero era entregado por el imputado Ramos Ovalle en cajas y fundas de regalo, con montos que oscilaban entre un millón de pesos y un millón doscientos mil pesos.
La estación de combustible está ubicada en la avenida España esquina Olegario Vargas, Sans Souci, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
