La Corporación Portuaria del Atlántico entregará antes del 30 de este mes la administración del puerto de Manzanillo, luego de la revocación del contrato que le otorgaba la gerencia y operación de su área internacional de libre comercio y de servicios.
En un comunicado, la entidad asegura que la rescisión lesiona sus derechos constitucionales e irrespeta la seguridad jurídica.
Indica que prefiere esa resolución extrajudicial aunque se reserva el derecho de efectuar acciones para salvaguardar sus intereses, ya que afirma que el decreto número 570-12, que pone término al contrato, contiene disposiciones que pueden ser demandadas en nulidad.
Solicita al Gobierno resarcir las inversiones realizadas en la obra y en su entorno, que van desde la creación de empleos formales y titulación hasta el ordenamiento territorial y la gestión catastral. Asimismo, reclama a la empresa Marítima Dominicana el saldo de la deuda por los servicios prestados y no pagados.
Indica que la revocación fue promovida por grupos monopólicos de la operación marítima y que esta lesiona los derechos de los 74 inversionistas de esa corporación. Asegura además que no ha violado las estipulaciones de concesión y afirma que posee informaciones con las que puede demostrar la eficiencia y efectividad de su gestión.
La organización llamó a los sectores a estar vigilantes ya que dice que su caso evidencia una potencial conducta violatoria de la garantía de la inversión privada. Además puso a disposición de los sectores interesados los estudios de factibilidad y las propuestas de desarrollo realizadas con auspicio de agencias internacionales.