MANUEL RAMÓN MOREL CERDA
La Junta Central Electoral está condicionada por el sistema representativo de tipo partidocrático contemplado en la Constitución de la República y en la Ley Electoral No. 375-97, que, según se colige de dichas disposiciones normativas, atribuye a los partidos políticos el monopolio de la representación política para los cargos electivos. El organismo electoral, por tanto, tiene la facultad de elegir únicamente a los candidatos propuestos por los partidos. Sin embargo, es frecuente atribuir a dicha institución el poder de detentar la soberanía popular, como intérprete del pueblo, que usualmente se expresa diciendo “hay que respetar la voluntad popular”, cuando se hace referencia a la virtual ventaja de un candidato, o referido a la proclamación de candidaturas electas por parte de la Junta.

La expresión en toda su extensión es engañosa porque el pueblo -que es realmente el soberano- es tan solo un órgano de elección y no de decisión, y, además, porque la participación del pueblo se limita a cierta actuación de cumplir con determinados roles de votante, más que de elector en las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, sin que se sepa a ciencia cierta cuál será el destino final de su voto, por las evidentes falencias del escrutinio y sin que haya mecanismos realmente efectivos que garanticen la libertad plena del sufragio.

En efecto, la Constitución de la República no programa- como debía ser- ningún autogobierno popular y ello así porque la Junta Central Electoral no tiene un poder de decisión. Eso es de tal modo así que un autor de la categoría del argentino Néstor Pedro Sagués ha dicho: “En la dimensión fáctica o existencial del mundo jurídico, el poder efectivo del electorado depende de su actitud para conocer y decidir, cuando es convocado a elecciones”. “Un pueblo, añade el destacado tratadista, con bajo nivel cultural o cívico y pautas primitivas de comportamiento político (es decir, afecto al irracionalismo político, a las soluciones mágicas y carismáticas, y a un ritmo demagógico del poder) tenderá a ser manipulado con mayor facilidad por los aparatos propagandísticos, y las técnicas non sanctas de captación de votos (compra de sufragios, seducción del electorado con promesas incumplibles o cargos públicos, etc”. Hasta aquí la cita extraída de la obra “Elementos de Derecho Constitucional”, de la autoría ya citada, No. 419, página 410, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001.

Todo este espectro, que más bien parece un retrato vivo de nuestra realidad, con algunos agravantes que los medios de comunicación han reseñado profusamente, deja muy mal trecho nuestro Sistema Electoral porque su funcionamiento autónomo -sin muletillas, ni intervenciones extrañas o foráneas-, así como el poder del electorado quedan sujetos a la manipulación antiinstitucional, de tal modo que no existe dentro de ese esquema ninguna fórmula mágica para conocer la verdadera expresión de la voluntad popular, y, por tanto, la situación es que de unas elecciones determinadas pudieran resultar los cómputos y escrutinios más inverosímiles. ¿Hay cura para ese mal? Lamentablemente, no se vislumbra remedio alguno a corto o mediano plazo. Pero lo que si está sobreentendido es que con ese sistema electoral no puede haber peso político del electorado y en cambio, ostensiblemente se advierten tremendas quiebras del órgano electoral para manejar con eficiencia el escrutinio, así como un difuso y multidireccional ejercicio de la autoridad para evitar el uso desembozado de los recursos del Estado en todas sus manifestaciones, de las técnicas publicitarias distorsionantes de la realidad en términos informativos, así como de otras actividades verdaderamente deleznables, factores que provocan sensibles problemas para una decisión libre, madura y consciente el día de la jornada electoral.

¿Podría todo este panorama de incertidumbre del sistema electoral quedar resuelto con una reforma constitucional? No me pronuncio en términos optimistas sobre el particular, porque con una Junta Central Electoral supeditada a los partidos políticos no hay solución posible en razón de que de lo que se trata es precisamente de lograr cambiar la ecuación de dependencia que existe actualmente. Pero en definitiva, sólo el tiempo tiene la respuesta de lugar.

En suma estamos ante la posibilidad real de que se produzca una situación de infuncionalidad total del sistema electoral, lo que acarrearía, muy posiblemente, el eclipse total de la democracia.