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QUITO (AP).- El presidente Rafael Correa llamó ayer a reemplazar a los 57 diputados destituidos y a que empiece a funcionar «una mayoría positiva» en el parlamento, en medio de una pugna de poderes en que están envueltos el Congreso, el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional.
«Que estos 57 diputados se acojan al peso de la ley por sus acciones y (los) reemplacen como debe ser sus suplentes, y el día martes empiece a funcionar un Congreso con una mayoría positiva», aseguró Correa desde el balcón del palacio de gobierno ante centenares de estudiantes congregados en la Plaza de la Independencia.
Los congresistas se niegan a aceptar su destitución porque cuestionan la legalidad del mecanismo. Incluso, denuncian que el gobierno estaría buscando supuestamente sobornar a los diputados suplentes para que conformen el Congreso.
Desde inicios de esta semana, Ecuador es testigo de una aguda disputa entre el Tribunal Electoral, que destituyó a 57 diputados que se oponían a la consulta popular, mientras que el Congreso cesó al presidente del órgano electoral que aprobó el llamado al referendo. A la pugna se sumó el Tribunal Constitucional.
La pugna llegó hacia otros actores el viernes, cuando el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Santiago Velásquez, aseguró que «es un delito cuando un ciudadano desacata una disposición del Tribunal Constitucional; (entonces) entra en acción la fiscalía y tiene que iniciar un juicio penal por desacato».
Señaló en canal 2 de televisión, que «no es posible pensar» que el presidente Correa diga que no va a respetar la decisión del más alto tribunal del país.
Correa afirmó el jueves por la noche que «no acogeremos ninguna resolución del Tribunal Constitucional que detenga la consulta popular».
Respaldó su posición aduciendo que cuando hay un proceso electoral convocado, la ley da inmunidad al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad de los comicios.
El vocal del Tribunal Electoral (TSE), Hernán Rivadeneira, dijo en radio Colón que si el TC acoge una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Congreso en contra de la consulta popular solicitará en la próxima reunión del organismo electoral «se analice y se juzgue la actuación de estos señores vocales del TC».
Añadió que lo único que cabe es rechazar la demanda de los diputados opositores.
El diputado opositor de la Unión Demócrata Cristiana, Carlos Larreátegui, advirtió que «se comienza a perfilar una dictadura… porque el gobierno también pretende influir sobre la decisión del Tribunal Constitucional, que… es la última instancia para resolver este bloqueo».
Otro vocal del TSE, René Maugé, destacó que el cronograma para la consulta popular sigue adelante y que dentro de poco se iniciará la difusión de las preguntas del estatuto a la consulta popular.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, aseguró que se reunió de manera informal con la mayoría de diputados de oposición, destituidos, con quienes analizaron «la grave crisis que vive el país».
Agregó que en las próximas horas se convocará a una reunión extraordinaria para expresar una «posición clara pero respetuosa a la constitución y al estado de derecho… vamos a darle respuesta al país».
El analista Abelardo Pachano advirtió que el país podría verse afectado en lo social y económico por este tipo de parte de todos los actores políticos, quienes «están jugando un juego suicida y peligroso».
Dijo que «no es posible que no funcione uno de los poderes del Estado, el Congreso no puede funcionar y sin congreso no tenemos estado de derecho».
