QUITO, AFP. El enfrentamiento del gobierno de Ecuador con gremios de la salud, que rechazan la nueva penalización de la mala práctica profesional, se agudizó este lunes con sendas manifestaciones convocadas tras la amenaza de los médicos de renunciar en masa.

Unos 2.000 facultativos y estudiantes de medicina, según dijo la policía a la AFP, marcharon pacíficamente con su tradicional indumentaria blanca por el norte de Quito en protesta por un artículo del código penal promovido por el gobierno que sanciona la mala práctica profesional, no sólo de médicos y enfermeros, con penas de hasta cinco años de prisión.

«Renunciaremos al ejercicio de la profesión» si no se modifica este artículo, expresó a la AFP Iván Cevallos, presidente de la Asociación de Médicos del hospital público Carlos Andrade Marín de Quito.

Los manifestantes se congregaron frente al ministerio de Salud al grito de consignas contra la norma y con pancartas en las que se leía: «No queda más salida que la renuncia masiva» o «Somos médicos, no somos asesinos».

Simultáneamente, centenas de simpatizantes del oficialismo se reunieron en el centro de la ciudad, lejos de la protesta, para apoyar al presidente Rafael Correa, quien denunció que algunos gremios están manipulando políticamente el tema para «desestabilizar» al gobierno.

«Nuevamente se tensa al país con una falacia, por mentiras, por manipulación. A los médicos que están protestando, porque han recibido esa mala información, les ruego leer el código», afirmó el mandatario subido en una tarima.

El artículo de la discordia. El artículo que crispó los ánimos del sector fija una pena de tres a cinco años en casos de «muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas», y aplica a cualquier profesión u oficio.

Correa, que rechaza que el texto esté dirigido a los empleados de la salud, insiste en que la justicia sólo podrá procesar a un médico si se configuran las tres condiciones (innecesaria, peligrosa e ilegítima), pero los gremios creen que la ley es ambigua y expone a los cirujanos a juicios penales por homicidio culposo.

En diciembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó el nuevo código penal, aunque varios de sus artículos fueron vetados por Correa, excepto el que tipifica la mala práctica profesional en todos los ámbitos.

El texto fue devuelto al Parlamento, que deberá adoptar las modificaciones del mandatario en los próximos días antes de entrar en vigor.  Los médicos amenazaron días atrás con renunciar en masa si se ratifica la norma y algunos han colgado sus batas blancas en las afueras de los hospitales en señal de rechazo.

Hasta el lunes, el servicio de salud era prácticamente normal en el país, salvo en centros como el de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), en Quito, donde hubo retrasos en la consulta externa, constató un fotógrafo de la AFP.

Hay que «vetar o buscar otra redacción que sea más precisa para jueces y fiscales. Esa fue nuestra solicitud al presidente, pero él desestimó estos planteamientos y ahora de una manera prepotente interpreta como quiere», indicó Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, acusada por el gobierno de hacer oposición política.

Por su parte, Correa dijo en una entrevista radial que no se quedará de brazos cruzados ante una eventual crisis sanitaria y reiteró que ordenó a las «embajadas, sobre todo de países de habla hispana, que empiecen a reclutar médicos».

«No me voy a quedar sentando mirando cómo se juega con la salud del pueblo ecuatoriano. Ya hemos activado planes de contingencia, ya tenemos una lista de más de 700 especialistas dispuestos a venir al país», sostuvo el mandatario.

La Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme) también pidió la modificación del polémico artículo. «No estamos en contra de un control a la actividad, pero nos preocupa esa ambigüedad del artículo, que lo deja a libre interpretación», señaló a la AFP Leonardo Bravo, director de esa organización.