Tras varios días de silencio oficial en relación a las pretensiones de la oposición y su retiro del diálogo, fue muy atinado el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, cuando cuestionó al Conep y a la oposición al pretender que el presidente Danilo Medina intervenga en el diálogo para nombramiento de los miembros de la JCE, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral en franca violación de la Constitución.
Antes de las últimas elecciones los partidos políticos con representación congresual se reunieron bajo la mediación de Mon. Agripino Núñez Collado a tratar de consensuar un proyecto de Ley de Partidos y modificaciones a la Ley Electoral, pero el abandono del diálogo por parte del PRM abortó esa iniciativa. Por eso fue muy correcto por parte del presidente Danilo Medina pedir de nuevo a Mon. Núñez Collado a que convocara los cuatro principales partidos para intentar de nuevo una reforma profunda al marco electoral como sugirió la comisión de observadores de la OEA.
Pero la intención de la oposición no era consensuar esas leyes y desde la primera reunión propusieron integrar a todos los partidos, petición que fue satisfecha, que se sumaran organizaciones de la sociedad civil, lo cual también fue aceptado. Sin embargo, lo inaudito fue proponer que en ese escenario, convocado solamente para el tema de las leyes electorales, la oposición puso como condición previa que se definieran los perfiles y se barajaran los nombres de los futuros integrantes de la JCE, la Cámara de Cuentas y el TSE, y además que ninguno de los actuales integrantes fuese ratificado.
El PRM, liderando la oposición, se retiró del diálogo, alegando que el Senado ratificaría a Roberto Rosario y otros miembros de la JCE y el senador representante del PRM en la comisión especial del Senado que evalúa y entrevista a los postulados a esa institución también se retiró. Posterior a ese retiro el CONEP le pidió a Mon. Núñez Collado que se reuniera con el presidente Danilo Medina para que este interviniera y salvara el diálogo.
Salvar el diálogo implicaba aceptar las presiones de la oposición y permitir que en ese escenario se decidiera quiénes integrarían las instituciones en pugna y esa intervención hubiese sido una violación a la Constitución por cuanto la elección de la JCE es una potestad del Senado, la Cámara de Cuentas también del Senado, de ternas presentadas por la Cámara de Diputados y el TSE por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El CONEP descartó que la incursión del presidente Danilo Medina en el diálogo político para las altas cortes y las leyes electorales viole la Constitución. Por supuesto que la viola, porque usurpa funciones que la Constitución atribuye al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura.
Es increíble ver dirigentes de la oposición que en algún momento fueron aliados del PLD cuestionar el “reparto” y proponiendo una JCE de imparciales cuando ellos fueron comensales en procesos anteriores e incluso por lo bajo se dice que un miembro actual de la JCE debió pagar su nominación al presidente de su organización.
En base al chantaje, las minorías no pueden imponerse a las mayorías, la oposición debe buscar un “bajadero” y retornar al diálogo para consensuar las leyes electorales, que de seguro en algún momento habrá un acuerdo entre las cúpulas de los partidos para conformar una JCE, un TSE y una Cámara de Cuentas aceptables, aunque no sea por un consenso de todos los actores.
Las minorías no pueden pretender trazar las reglas de juego en una democracia, deben saber jugar con inteligencia, lo que menos ha demostrado la oposición, y las mayorías deben saber administrar el favor del pueblo y actuar con prudencia, racionalidad, pero bajo ningún concepto con el poder que le otorgó el pueblo, el PLD ni ningún partido con la mayoría en los organismos decisorios, va a permitir que le impongan altas cortes dependientes de la oposición o de cierta sociedad civil comprometida con la oposición.