El contralor general de la República, Federico Lalane José, dijo ayer que es el presidente Hipólito Mejía a quien corresponde determinar si es tramitado a la justicia ordinaria el expediente sobre alegados actos de corrupción en el plan Renove.

Lalane José, en el Palacio Nacional, dijo a los periodistas que la Contraloría sólo se limitó a practicar una auditoria en este programa a solicitud de su antiguo director, el Pedro Franco Badía, quien es secretario de Interior y Policía.

El presidente del Plan Renove, el secretario de Estado Siquió Ng de la Rosa, dijo el lunes que existían irregularidades en el programa pero que habían sido corregidas.

“Eso es la opinión del señor Ng de la Rosa, pero yo no voy a comentarlas”, dijo Lalane José. En cuanto al pedido del Procurador General de la República para que el expediente sea sometido a la justicia, Lalane José dijo que eso es una facultad del presidente Mejía.

“La Contraloría no está para producir sometimientos”, dijo Lalane José. Según los resultados de la auditoria, el Plan Renove asignó vehículos a particulares y sindicatos de transportistas no registrados oficialmente.

“No hacemos acusaciones a nadie. Constatamos las cosas y las cosas que constatamos tenemos las pruebas siempre,” expresó el Contralor.

Lalane José aclaró, además, que no es facultad de su departamento remitirle directamente ningún expediente al Procurador General de la República ni a ninguna otra instancia judicial. “La remitimos al señor Presidente de la República y el dispone,” dijo.

Lalane José dijo que se trata de un expediente “muy caliente” y que ha armado un “tremendo reperpero”.

“Pero todo lo que hemos dicho y está en la auditoria está basado en documentaciones,” recalcó.

Agregó que en el caso de la empresa India existe una certificación de la dirección de Impuestos Internos donde se establece que no está registrada como contribuyente.