La corriente magisterial José Francisco Peña Gómez protestó ante el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por la contratación por RD$8 millones en abogados para la defensa de personas que no son miembros del gremio.
Así lo hicieron constar en una carta al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, en la que se quejan del proceso seguido para la defensa ante los tribunales en el proceso contra el Ministerio de Educación por la escogencia de directores regionales y distritales.
“Nos dirigimos a ustedes para dejar constancia de nuestra oposición a que la Asociación Dominicana de Profesores decidiera gastar cerca de 8 millones de pesos, que podrían extenderse a diez millones de pesos en honorarios a prestigiosas firmas de abogados, aludiendo la “defensa” de la carrera docente, cuando realmente se está defendiendo a personas que no son miembros de nuestro sindicato”, señala la carta firmada por los profesores Franco de los Santos, Xiomara Guante y Juan Humberto Santos, miembros también del Comité Ejecutivo de la ADP.
Se quejan además porque el pasado año, la ADP fue condenada mediante una sentencia contra una de sus seccionales por luchar por mejorares las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados y las “acciones del CEN fueron insignificantes, con un hecho que sí representa un atentado contra la carrera docente, pues con él se violentó derechos fundamentales de los docentes, como el de la protesta”.
“También que durante el año pasado Educación canceló a 8,889 docentes y las acciones del CEN fueron por igual intrascendentes a tal punto que de manera institucional, no se invirtió un solo centavo en abogados para asumir la defensa a la violación, no solo de un derecho fundamental como el de la estabilidad en el empleo, sino la violación de un derecho humano”.
“Es bueno destacar que nosotros somos abanderados permanentes de la defensa de la carrera docente y cualquier inversión que haya que hacer en ese sentido, seríamos los primeros en bien ponderarla, pero en el caso de la especie, está muy claro que este no es el origen de la confrontación, como tampoco es el objetivo que se persigue”, expresan los firmantes.
El Comité Ejecutivo contrató a los abogados Eduardo Jorge Prats, Rafael Santos y Antoniano Peralta.