POR ODALIS MEJIA
El 10 por ciento de los gastos de contrataciones públicas es absorbido por la corrupción y las diferentes modalidades de soborno, siendo esta una de las áreas más vulnerables para actos dolosos y enriquecimiento ilícito, afirmó ayer Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC).

Destacó que la administración pública debe contar con un instrumento legal que le permita tener un sistema de contratación eficiente, eficaz, ágil y transparente que garantice mayores niveles de institucionalidad y credibilidad en el Estado dominicano.

Al presentar la campaña «Congresista es una necesidad» ante decenas de legisladores, Cabreja instó al Poder Legislativo a aprobar el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, ya que la misma establecería que las obras serán todas presupuestadas, sujetas a una programación por sorteo y licitación pública, atendiendo a criterios de selección por competencia técnica.

Dijo que la aprobación de este proyecto sería de gran trascendencia para el país, ya que eliminaría el grado a grado, modalidad generalizada para beneficiar a allegados, amigos y parientes de funcionarios, en detrimento del Estado. Esta ley también regularía las concesiones que hasta la fecha carecen de marco legal en la República Dominicana.

«Insistimos en la confianza que tenemos que los legisladores se comprometan a trabajar por la aprobación de ese instrumento legal que beneficia a todos por igual y reduce los privilegios de quienes históricamente se han beneficiado de esta práctica dañina para el desarrollo del país»,  apuntó.

Cabreja también  solicitó la aprobación de otros proyectos de leyes que doten al país de un marco legal  que permita enfrentar con éxito la corrupción que merma las finanzas públicas en beneficio de particulares, ya que  mientras existan leyes obsoletas o dispersas que no ayudan en el control y persecución de los actos de corrupción,  no puede haber una lucha efectiva contra ese flagelo.

Entre los proyecto de ley que piden su conocimiento y aprobación se encuentran: el que crearía la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción; la Ley General de Participación, de Declaración Jurada de Bienes; la Ley que crearía la Contraloría General Independiente; un nuevo Código Penal con nuevas y severas sanciones para los actos de corrupción, así como la ratificación por el Congreso de la Convención Internacional Contra la Corrupción.

En el lanzamiento de la campaña de PC, asistieron unos 40  legisladores, entre senadores y diputados, así como el presidente de la Comisón de Ética, José Joaquín Bidó Medina, quien pidió a los congresistas a  no dejar caer el proyecto que plantea tener las reglas de juego claras para defender el patrimonio nacional.

En tanto que el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputado Euclides Sánchez, dijo que intereses políticos han impedido aprobar el proyecto de ley de contrataciones públicas.

Dijo que muchos congresistas  sólo favorecen la aprobación del proyecto cuando se encuentra en oposición, pero que cuando sube su partido al poder se olvidan de la iniciativa.

Confió en que con la voluntad política que impera en muchos sectores de enfrentar la corrupción se aprobará esa ley, que aseguró conviene al sistema de administración pública «porque cuando un funcionario maneja recursos sin una base legal  puede ser apresado por cualquier error que cometa, mientras que si tiene una ley que ampara su funcionamiento por muchos recursos que maneje se siente seguro»

Destacó que es necesario que los fondos públicos se optimicen y  se produzca una eficiencia y no un derroche porque aquí mucha pobreza, de forma que si se manejan bien los recursos pueden ser invertidos en los servicios básicos que demandan la población.

El referido proyecto está depositado en la cámara baja desde al año 2000 y ha sido consensuado por los sectores que intervienen en la construcción.