En los últimos tres años el Ministerio Público ha destapado algunos de los escándalos de corrupción administrativa, más sonoros en la historia reciente, especialmente, ligados a la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mientras que de la actual, el panorama luce diferente.

Antipulpo, Coral, Medusa o Calamar, son solo algunos de los expedientes que llevan años ventilándose en los tribunales y cuyos principales autores se encuentran bajo arresto domiciliario, en la mayoría de los casos.

A esto se le suman acusaciones graves contra funcionarios y exfuncionarios de la actual gestión, aunque estos han quedado en una especie de limbo, sin sometimientos formales ni apresamientos.

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A continuación algunos de los principales expedientes de la pasada gestión

Antipulpo

La Operación Antipulpo llevada a cabo por el Ministerio Público a finales de noviembre del 2020, envuelve al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, acusado de formar una red de corrupción que desviaba fondos y ejercía influencias para manejar licitaciones en diferentes entidades gubernamentales.

Según el MP, esta red, en la que también se señala a Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exgobernante, se benefició con RD$4,796 millones de pesos durante 2012 y 2020, mediante un sistema de tráfico de influencia, que incluye a otras 27 personas y 21 empresas físicas.

Los implicados cumplen actualmente arresto domiciliario, mientras otros fueron descargados

Coral-Coral 5G

Alrededor de RD$4,500 millones de pesos serían los que desfalcaron los imputados en la supuesta red corruptiva, cuya figura principal es el general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del exmandatario Danilo Medina.

Según las autoridades judiciales, el grupo que incluye 40 imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas, es sindicada de defraudar al Estado con el astronómico monto.

La mayoría de los implicados continúan el proceso desde sus casas y los demás fueron absueltos.

Medusa

El exprocurador Jean Alain Rodríguez es acusado de conformar un entramado que incluye 41 personas y 22 empresas, quienes se habrían enriquecido mediante sobornos durante el 2016 y 2020, con montos ascendentes a los RD$6,000 millones de pesos.

Tanto Jean Alain como los demás imputados, cumplen arresto domiciliario e incluso, al extitular del Ministerio Público se le permite trabajar dos veces por semana.

Calamar

Uno de los casos más recientes de este tipo ha sido el Calamar, en el que se le señala a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, de defraudar al Estado con RD$19,000 millones de pesos a través de un presunto entramado de corrupción.

Por este particular, tanto Peralta como Guerrero cumplen coerción de 18 meses de prisión, mientras que Gonzalo está bajo arresto domiciliario.

Todos estos casos aún se ventilan en los tribunales, pero con los principales autores en sus casas y bajo la amenaza de extinción, por el tiempo que llevan conociéndose sin sentencia.

Actual gestión

Sin embargo, en la actual gestión gubernamental no disminuyeron los escándalos, aunque contrario a los funcionarios pasados, pocos han enfrentado a la justicia.

Casos como los que involucran a los exministros de la presidencia y Educación Lisandro Macarrulla y Roberto Fulcar, o los del Ministerio de la Juventud que envuelve a sus antiguas titulares Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, parecen haberse diluido.

A esto se le suman las acusaciones contra los directores del IMPOSDOM e INABIE Adán Peguero y Cecilio Rodríguez respectivamente, también señalados por supuesta corrupción.

Lisandro Macarrulla

Lisandro Macarrulla, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Luis Abinader, se vio obligado a solicitar una licencia, antes de ser destituido por el propio mandatario, tras las acusaciones en su contra, que incluye su nombre en el expediente de la Operación Calamar, referente a la construcción de la nueva cárcel de  “La Victoria”.

Pese a los señalamientos, Macarrulla no ha enfrentado a la justicia y se ha limitado a defender su inocencia.

El caso aparenta quedar en el olvido.

Roberto Fulcar

Acusaciones sobre supuestas irregularidades en las licitaciones del desayuno escolar le costaron el puesto al exministro Roberto Fulcar, quien ha defendido su inocencia e incluso, ha interpuesto una demanda contra el ex presidente de la Cámara de Cuentas Máximo Castillo Salas por difamación.

El caso fue presentado por Compras y Contrataciones ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez

Aunque por acusaciones diferentes, dos extitulares del Ministerio de Educación estuvieron envueltas en escándalos; Kimberly Taveras, por su declaración jurada de bienes, que según señalamientos, presentaba un patrimonio que no podía justificar y Luz del Alba, por supuestamente beneficiar dos compañías durante su gestión.

Ambos casos quedaron en el aire e incluso, tras más de un año, Luz del Alba fue nombrada como vicecónsul en España, pero por la presiones, la disposición fue revocada por el Ejecutivo.

Adán Peguero

El otrora director del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM), Adán Peguero, fue destituido luego de que fuese acusado de supuestamente beneficiar empresas particulares con licitaciones durante su gestión.

Esto, sumado a la presunta desvinculación de personal de carrera, aunque hoy exige que el Ministerio Público presente lo detalles de la investigación en su contra, en busca de limpiar su imagen.

Peguero aseguró que la situación ha afectado su familia y su vida política, por lo que espera que la justicia le reivindique.

Cecilio Rodríguez

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), ha estado en el ojo del huracán, por supuesta corrupción administrativa, especialmente en la adjudicación del desayuno escolar.

Tal es el caso del exdirector Cecilio Rodríguez, quien fue destituido del cargo luego de que el Ministerio de Educación hallara “fallas importantes que requieren cambios significativos”.

Todos estos casos de la actual gestión tienen en común que sus principales figuras no han enfrentado a la justicia más allá del escrutinio público y de los “procesos investigativos”.

Además, de que todos fueron destituidos y remplazados por el presidente Luis Abinader, aunque sus casos parecen caer en un eterno vacío.

Algunos de los imputados continúan haciendo vida política, mientras exigen las conclusiones de sus expedientes para poder salvar su imagen, que en la mayoría de los casos, se constituye en una condena moral difícil de borrar del imaginario colectivo, aunque su inocencia o no, quede en manos de la justicia.

En ese sentido, Participación Ciudadana, mediante carta enviada a la Suprema Corte de Justicia,  mostró su “profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales”, muchos de los cuales peligran, mientras una parte de la sociedad exige que la impunidad no reine sin importar factores políticos.