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DOHA. Agencias. La corrupción le cuesta a las naciones en desarrollo unos 20.000 a 40.000 millones de dólares cada año, mientras los mercados emergentes y los centros financieros se están convirtiendo en refugios de activos robados, dijo el sábado una funcionaria del Banco Mundial.
La directora de gestión, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que era necesaria una «acción mundial concertada» de los estados desarrollados y en desarrollo para detener el flujo de fondos ilícitos e instó a Gobiernos a ratificar la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas (UNCAC).
«Hay una estimación de que 20.000-40.000 millones de dólares por año, en términos de activos robados mediante corrupción, dejan los países en desarrollo para ir a países desarrollados cada año», dijo a la agencia Reuters Okonjo-Iweala, una ex ministra de Finanzas nigeriana, antes de una conferencia anticorrupción.
«Ahora, cada vez más, hallamos que países de mercado emergente (y) centros financieros también son albergues para este dinero», agregó.
La funcionaria del Banco Mundial dijo que el compromiso del Grupo de las 20 naciones (G20), reunidos este fin de semana en Escocia, para ayudar a evitar egresos ilícitos de capital y buscar el retorno de activos robados a los países en desarrollo, era un bienvenido primer paso.
«Ahora lo que debemos hacer es pasar a la acción», dijo. «Los países desarrollados que tienen estos activos tienen que implementar la convención UNCAC y enviar estos activos de vuelta, y los países en desarrollo deben pasar a pedir asistencia de países desarrollados», añadió.
Las claves
1. Marco para luchar
Adoptar la convención de las Naciones Unidas brindaría un marco para luchar contra la corrupción, dijo, y ayudaría a superar obstáculos legales en diferentes jurisdicciones. «Así que si los países realmente quieren hacerlo, pueden porque pueden obviar todos los requisitos legales, congelar los activos, tomarlos y enviarlos de vuelta», dijo.
2. Espera países firmen
Okonjo-Iweala dijo que espera que la convención anticorrupción de la ONU no sea sólo un bonito plan, sino que cada país lo firme. «Cuando uno lo ratifica, tiene que adaptarlo dentro de su propio ambiente legal», dijo.
