Un cataclismo recorre América: la pandemia de corrupción crea condiciones para avanzar en gestión pública. Ocurre en la coyuntura de mayor democracia y participación social de la historia. Momento donde el homicidio político se extingue. Período que la sangrienta represión policial se esfuma de las calles. La fase donde los presos políticos y exiliados por ideologías sólo existen en libros. El tiempo donde la seguridad de Estado y el espionaje de la vida privada se atenúan y varios organismos de coerción copulan “romántica” e impunemente con el crimen callejero.
En la lógica de la corrupción lo primero que sucede es el pensamiento de ganancia acelerada. Los prospectos de corrupción cavilan “cómo se buscarán lo suyo”. Obvian el fin último de la entidad pública donde laboran. El pecado de pensamiento traduce una situación donde el funcionario corruptible y el empresario privado corruptor, idean para su beneficio individual. Piensan cómo generar tratativas de beneficio. El funcionario que “piensa corrupto” privilegia “el Tener sobre el Ser”. Favorece una sociedad cimentada en el poder del dinero y prioriza el “yo tengo, sobre el yo soy”.
El pecado de palabra establece una línea discursiva de corrupción. Quien articula una frase con una propuesta corrupta hace la mitad del trabajo. Palabras que son frases socorridas en los mentideros del Estado, desde la Colonia Española hasta nuestros días.
Desde el origen del Estado aparece una fuerza coercitiva de asignación de impuestos que impone contribuciones obligatorias. Con los progresos de la civilización y la superación de la barbarie, los impuestos son muy pocos y la carga impositiva de las sociedades no permite la armónica conducción del gobierno. Por eso el Estado demanda bonos a futuro y contrata empréstitos. Diversos estudios de antropología política afirman que los funcionarios y aparatos públicos son realmente órganos de la sociedad que se presentan siempre por encima de ésta.
El pecado de obra es la acción concreta. El obrar que a inicios del siglo XXI genera casi el 5% de la deuda externa del país, el 3% del PIB; el 38% de la deuda con el FMI; el 27% del presupuesto de salud y el 31% del presupuesto de educación. Desde hace 50 años existen 20 pequeños procedimientos que recolectan oficiosamente más de 6 mil millones de pesos anuales.
Finalmente, el pecado de omisión es lo que se silencia, oculta y se encuentra debajo del Iceberg. Se produce por apatía de funcionarios de buena fe. La corrupción actúa si la transparencia lo permite. De ahí que los mecanismos que permiten testimoniar adversidad contra la corrupción de ayer, hoy, mañana y siempre, son fundamentales para democratizar la naciente democracia dominicana.