Por Alfredo Cruz Polanco

Nos sorprendemos al observar la aberrante decisión de tantos imputados y acusados de cometer diferentes actos de corrupción pública, devolver a la PGR miles de millones de pesos, buscando comprar su libertad, cómo salir absueltos de la pena a la que son sometidos o para tratar de disminuirla.

Tenemos desgraciadamente que retrotraer aquella penosa frase: “La República Dominicana es un país sumamente rico, pero pobremente administrado”, es decir, este produce mucha riqueza pero una gran parte va a parar a los bolsillos de los corruptos.

En varios países del área, las procuradurías han optado por negociar con los imputados de corrupción, de reducirles la pena siempre que devuelvan parte del botín sustraído, aun conscientes de que lo devuelto es una mínima parte de los recursos sustraídos a las instituciones del Estado, pues el que devuelve una suma así es porque sustrajo otra mucho mayor. Creo este proceder el Estado pierde menos.

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Sin embargo, estos casos son muy exiguos, comparados con la gran cantidad de ilícitos cometidos en esta y en pasadas administraciones, pues debido al tráfico de influencias políticas existente, no se aplica un régimen de consecuencia contundente a todos los que los cometen.

Antes los funcionarios sustraían objetos, muebles, inmuebles y algunos valores en efectivo de las instituciones públicas. Ahora son miles de millones de pesos sustraídos a través de licitaciones, compras, contrataciones, sobrevaluaciones y adendas fraudulentas en componendas con el sector privado.

El que se apodera de lo ajeno, aunque devuelva parte o la totalidad de lo sustraído, sigue siendo tan corrupto como el que no lo hace, más cuando no ha habido un sincero arrepentimiento que no sea por la presión de la justicia. Con ello reconocen el hecho que se le imputa.

¿Cómo es posible que un país que tiene un gran sistema de control interno, externo, legislativo y social; tantas leyes, normas, tratados internacionales anticorrupción, del que se habla de tanta transparencia y persecución a la corrupción administrativa, cualquier pelafustán se apodera de miles de millones de pesos del erario y no sucede nada ni se disparan las alertas del sistema de control del país? La corrupción pública deben ser considerada crimen lesa patria y sus autores drásticamente castigados en su justa dimensión, porque para el pueblo, sobre todo, para los pobres, la sustracción significa menos calidad de vida.

Si no hubiera tanta corrupción, hoy no estaríamos enfrentados por una reforma fiscal infernal que puede desencadenar graves consecuencias económicas, políticas y sociales. ¡Seamos pues utópicos y quiméricos con los recursos del Estado, condenando a todos los corruptos, que son responsables de la pobreza y la marginalidad del país! Ojalá que así sea.