La agrupación de la sociedad civil «Justicia Fiscal» estableció que:  «la ciudadanía todavía espera y demanda que el Gobierno de Danilo Medina  aclare el inmenso e ilegal déficit fiscal del 2012 y procure las sanciones penales que corresponden a sus responsables», en momentos que arriba a la mitad de su mandato.

El movimiento asegura que la actual administración protagoniza otro período de impunidad, con un silencio cómplice que alimenta el seguimiento de las prácticas de corrupción administrativa.

A la consideración de Justicia Fiscal se suma la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que también ha manifestado sus preocupaciones en ese sentido.

La entidad precisó que en diferentes estudios realizados, la corrupción y la impunidad son dos de los elementos más criticados y peor valorados de las ejecutorias gubernamentales.

«No contribuye en lo absoluto a una mejor imagen y percepción pública de las autoridades judiciales el asunto de la corrupción y la impunidad, temas recurrentes, de hecho omnipresentes en la conciencia ciudadana», afirmó FJT.

La entidad agregó que la percepción de los dominicanos sobre el tema de la corrupción se traduce en frustración y la creencia de que en el país opera una cultura de impunidad extendida, donde no se advierte una voluntad política firme para castigar la corrupción a pesar de las denuncias constantes.

Indica que es criticable que hasta el momento no se observen avances o acciones en este sentido, al tiempo de manifestar que pese a la indudable importancia de este tema no aparece como una variable significativa en las preocupaciones de los dominicanos, según el estudio titulado Sondeo de Opinión y Percepción sobre la Valoración del segundo año de Gestión Gubernamental del Presidente Danilo Medina, realizado por este grupo.

Otras consideraciones acerca de la corrupción y la impunidad. Resalta que en el país, tal como se comprobó en el estudio, hay una evidente falta de institucionalidad que se traduce en el irrespeto a las leyes y a la Constitución.

La débil o deficiente voluntad política para perseguir y combatir la corrupción y la rampante impunidad, hacen imposible éxito alguno en contra de este flagelo que amenaza incluso la propia gobernabilidad del país.

Sostiene que también es notoria la inercia de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, instituciones que deben avocarse con urgencia, en opinión de Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, a ejecutar un plan de re-estructuración tal como el que se propone en la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), para contar con el elemento humano indispensable para realizar las auditorías a las instituciones públicas, lo cual resulta absolutamente necesario para asegurar el mejor uso de los fondos públicos.

No obstante, dice que a pesar de los problemas que persisten en cuanto a la corrupción pública, cabe destacar esfuerzos burocráticos, legislativos y administrativos, como la reciente promulgación de la Ley de Declaración Jurada de Bienes y el seguimiento a la iniciativa de gobierno abierto que reciben amplio respaldo popular.