Corrupción embozada

La Cámara de Cuentas de la República es “la entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoría de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley”.
La definición de los objetivos de la Cámara aparece en su página de Internet, pero la realidad es que la institución cumple a medias con su misión principal porque no audita el destino de todos los gastos que realizan las dependencias del gobierno, desde ministerios hasta hospitales y dispensarios de salud.
Debido a esa inadvertida falla de la Cámara de Cuentas y más que de ella del Senado de la República que, con poco o ningún análisis da descargo al Gobierno por el destino de los montos de la Ley de Gastos Públicos del año anterior. Tal falla se ha visto magnificada por el desastre causado por las intensas y continuadas lluvias que han castigado el país en los últimos meses.
Semanas atrás escribí sobre la seriedad, profesionalidad y celo con que se construyeron obras públicas durante la era de Trujillo. Alguien podría alegar, porque nunca falta un ocurrente, que durante el tiempo de gobierno de Trujillo quien fallaba podía terminar con sus huesos en el cementerio, en la boca de un tiburón o comido por las hormigas a la orilla de cualquier carretera.
Aunque es cierto que la tiranía tenía los juegos pesados y la atención cuidadosa sobre los gastos públicos, en esta caricatura de democracia que vivimos las autoridades han sustituido el celo sobre el uso de fondos públicos por una permisividad cómplice, ilegal y una nueva forma de corrupción.
Da pena, vergüenza y encorajina, ver cómo se quiebran miles de kilómetros de carreteras y calles, cómo se parten los puentes, cómo las aguas se llevan los aproches, lo que se les ocurre a las autoridades es ofrecer datos del monto de las reparaciones y construcciones que sustituirán las obras públicas que deben servir a la comunidad.
En ningún caso se debe perdonar que una avenida recién construida se inunde por deficiencia del peralte adecuado o porque se construyó sin los debidos estudios de suelo que sustenten la obra y sin que se tomara en cuenta el peso de los vehículos que utilizarán la vía. Lo mismo se aplica a carreteras, caminos y pistas de toda índole.
Ahora que medio país ha sido afectado por las lluvias intensas ¿Qué hacer? ¿Dejar la bola correr, irresponsablemente o reclamar a los constructores de tanta obra donde la mano de la corrupción dejó huellas que afloran hoy?
¿Es que no somos capaces de poner candado ni después que nos roban, o somos cómplices de los ladrones?